El dictamen, de siete puntos y 135 folios, se aprobará sin votos particulares. Esto quiere decir, según reconocieron este miércoles los propios diputados, que deja fuera todos los aspectos polémicos que no han suscitado acuerdo. No tendrá, en todo caso, ningún efecto esta legislatura, ya que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha confirmado que será el próximo Gobierno quien tenga que llevar a las Cortes su propuesta.

El dictamen, de siete puntos y 135 folios, se aprobará sin votos particulares. Esto quiere decir, según reconocieron este miércoles los propios diputados, que deja fuera todos los aspectos polémicos que no han suscitado acuerdo. No tendrá, en todo caso, ningún efecto esta legislatura, ya que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha confirmado que será el próximo Gobierno quien tenga que llevar a las Cortes su propuesta.

El texto, basado "en la solidaridad de todas las personas usuarias de agua en Aragón" y los principios de eficacia y eficiencia, diferencia entre una cuota fija y otra variable y propone reducir la primera. También plantea introducir criterios de progresividad en la segunda para "incentivar el ahorro y la adopción de buenas prácticas".

Contempla, asimismo, la aplicación de "reglas especiales" para evitar los "efectos indeseados" que pueda provocar dicha progresividad en aquellos hogares donde convivan un importante número de personas y una "tarifa social" que reduzca la cuantía a pagar para los hogares vulnerables.

Los diputados instan a "aproximar la carga tributaria en Aragón a la media de España" y proponen que la gestión del impuesto corresponda a Hacienda para "simplificar la gestión y reducir los costes". Consideran indispensable, asimismo, "que se impulsen medidas de impulso de la transparencia en la gestión del servicio del agua, tales como campañas de información y de explicación a la ciudadanía".

El dictamen pretende sentar las bases de la reforma de cara a la próxima legislatura. Para Antonio Suárez, diputado del PP, partido que instó a crear la comisión de estudio, "es necesario poner en valor" el acuerdo alcanzado en un tema tan complicado y enconado social y políticamente". "Con un poco más de tiempo hubiéramos podido entrar en debates más profundos sobre si el ICA debe ser un impuesto o desgajarse en una tasa y un impuesto. Nosotros preferíamos la primera opción. La segunda podría crear problemas jurídicos", subrayó.

Alfredo Sancho, del PSOE, aseguró que los mínimos del dictamen son "compatibles y coincidentes" con la propuesta del Gobierno. "Estamos moderadamente satisfechos, pero es una lástima que no hayamos podido llegar a acuerdos realmente claves para la reforma", dijo. Lo importante, según Marta de Santos (Podemos), es que "por fin todos los grupos" han analizado en profundidad este impuesto, "uno de los más complejos" de la Comunidad. "Estoy convencida de que no caerá en saco roto", dijo.

Mucho más crítica se mostró la diputada Elena Allué, del PAR. En su opinión, el Gobierno de Lambán tendría que haber llevado a las Cortes "una ley consensuada". "PSOE y Podemos han estado jugando con todos. En impuestos medioambientales, Aragón es la comunidad que más paga de toda España", manifestó. Javier Martínez, de Ciudadanos, destacó que, aunque el debate queda pendiente para la próxima legislatura, "al menos se ha llegado a un dictamen" por unanimidad.

Para Gregorio Briz, de CHA, "se ha desaprovechado una oportunidad". "El ICA podría haberse reformado esta legislatura, pero ha habido más interés político que de solucionar el problema.

Se ha instrumentalizado para poner en evidencia al otro", manifestó. IU también habría querido "avanzar más". "Al menos, reconoce la necesidad de modificar el impuesto tal y como está configurado actualmente", expuso su diputada, Patricia Luquin.