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Aragón

Aragón cuenta con 1.375 viviendas turísticas, de las que un 60% se concentran en el Pirineo

Este tipo de alojamientos se han duplicado en los últimos dos años y en 2018 la DGA recibió 16 denuncias.

Fuente: Dirección general de turismo de la DGA.Heraldo

Aragón ya cuenta con 1.375 Viviendas de Uso Turístico (VUT) legalizadas, de las que casi un 60% (58,32%) se concentran en el Pirineo, en las comarcas de Alto Gállego (317), Ribagorza (271), Sobrarbe (112) y Jacetania (102). En mayo de 2015 el Gobierno aragonés empezó a regularizar estos pisos particulares para poder ser alquilados a los viajeros, una medida con la que han aflorado una parte de los que ya venían operando de manera ilegal. Este tipo de alojamientos se han duplicado en los últimos dos años (a finales de 2016 había registrados 628), según los datos facilitados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno aragonés.

Por provincias, Huesca se lleva la palma, con 842 de estas viviendas, mientras en Zaragoza hay 324 y en Teruel 209. En la capital aragonesa se han convertido en un fenómeno al alza. Con 278 inscritas, acoge el 86% de toda la provincia y desde 2016 (cuando se contabilizaban 65) su número se ha multiplicado por tres.

De las 33 comarcas, solo hay seis en las que no existe ningún alojamiento de este tipo dado de alta (Aranda, Andorra-Sierra de Arcos, Campo de Belchite, Cinca Medio, Litera y el Maestrazgo). En otra docena de comarcas su presencia es testimonial.

A la luz de estos datos, la directora general de Turismo, Marisa Romero, observa una tendencia sostenida hacia la regularización y "legalización" de las VUT. También recuerda que hay solicitudes denegadas, desistidas o dadas de baja, al no cumplir determinados requisitos, que en ocasiones han sido reorientadas a otro tipo de establecimientos o bien se les ha indicado las condiciones que debían satisfacer. Existen otras que están en tramitación dentro de los tres meses establecidos para llevar a cabo la inspección de Turismo.

Una docena de sanciones

La batalla que se libra por estos pisos en otros lugares como Madrid, Barcelona y Canarias no ha llegado con toda su crudeza a Aragón. Al menos, así se desprende del número de denuncias que llegan a la DGA. Desde mediados de 2015 ha recibido un total de 22: 2 en 2016, 4 en 2017 y 16 (4 en Huesca y 6 en Zaragoza y Teruel) el año pasado. Para la directora general de Turismo se trata de una "cifra muy pequeña respecto al número total de viviendas que se ofertan". Se han tramitado una docena de expedientes sancionadores.

Las reclamaciones se refieren a peticiones de información sobre la inscripción de los inmuebles como VUT, publicidad engañosa y la falta de higiene o salubridad de la vivienda. La multa media es de 1.000 euros.

El Colegio de Administradores de Fincas de Aragón sabe bien de los conflictos generados por ruidos, uso indebido de los espacios comunes y desperfectos. A este respecto, la DGA aclara que las denuncias no se refieren directamente al ruido y que cuando llega alguna se remite al ayuntamiento.

Acerca de la regulación de estos alojamientos, un tema controvertido, Aragón participa en el grupo estatal que se reunió por última vez el pasado septiembre. Una de las cuestiones en las que se trabaja es el concepto de vivienda de uso turístico. En este sentido, en la Comunidad se limitan a pisos y urbanizaciones y está prohibido el alquiler por habitaciones.

Los vecinos pueden impedir este uso por mayoría de tres quintos

El Gobierno ha facilitado el veto de las comunidades de vecinos a los pisos turísticos. A finales de diciembre entró en vigor un decreto que modifica la Ley de Propiedad Horizontal y establece, entre otras cuestiones, que estas podrán "limitar o condicionar" estos alojamientos en su edificio por una mayoría de tres quintos, frente a la unanimidad que se requería.

Así lo explica Margarita Rigo, administradora de fincas en Jaca y vicepresidenta tercera del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, organismo que va a promover una jornada de formación entre sus asociados para abordar esta novedad.

Otra posibilidad que se abre, apunta Rigo, es que por esta misma mayoría se aumente hasta un 20% la cuota de la comunidad al arrendador de la vivienda. Con el mismo cuórum se pueden aprobar normas como la obligación de tener identificado el alojamiento con el distintivo de VUT o de comunicar con antelación cuándo se va a ocupar.

En opinión de esta administradora, la medida supone "un avance", en tanto en cuanto se pueden establecer ciertas restricciones que hasta ahora necesitaban de una unanimidad. "También se puede plantear acotar el número de pisos a dos o tres como máximo en un edificio, por ejemplo", explicó. De la voluntad del propietario de la VUT dependen otras cuestiones, como aceptar o no mascotas.

No obstante, Rigo aboga por una nueva Ley de Propiedad Horizontal en la que se traten estos alojamientos específicamente, una postura que defiende el organismo nacional de estos profesionales. "La ley actual data de 1960, está obsoleta y ha sido objeto de muchas modificaciones a lo largo del tiempo", apunta. Asimismo, entiende que debe haber una armonización de las leyes autonómicas y una "regulación a nivel nacional" que suponga también la creación de un registro estatal.

 

 





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