La prórroga presupuestaria a la que se verá abocada Aragón en 2019 congelará el gasto social y dejará en el aire las obras en los nuevos colegios, institutos y centros de salud proyectados. El Ejecutivo PSOE-CHA se verá obligado a bloquear unos 200 millones de euros, que afectarán a ayudas sociales, fondos para luchar contra la despoblación y transferencias a corporaciones y comarcas para prestar servicios. Aunque en los últimos años Aragón ha empezado el año con el presupuesto prorrogado, la preocupación en esta ocasión es aún mayor, pues la disolución de la Cámara a finales de marzo podría retrasar el inicio de la confección y tramitación de las cuentas autonómicas a junio o julio, cuando se constituya el Gobierno que saldrá de las elecciones del 26 de mayo.

El grupo parlamentario del PP en las Cortes alertó este viernes de las "graves consecuencias" que acarreará la falta de presupuestos y de la situación de "incertidumbre y falta de estabilidad" que genera. Criticó, además, que en esta ocasión no se debe a cuestiones "técnicas o externas", sino al "sectarismo" y "egoísmo" del presidente Javier Lambán, al que la diputada Ana Marín afeó que haya sido "incapaz de llegar a un acuerdo con sus socios de Gobierno" y de sentarse con partidos que le han "tendido la mano" como el suyo.

La prórroga presupuestaria, que será oficial cuando se publique en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), es automática cuando no se aprueba la ley antes del primer día del ejercicio económico, según recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y 2019 será el único año de la actual legislatura en el que el Ejecutivo PSOE-CHA no pactarán su proyecto con Podemos e IU, con los que ni siquiera han empezado a negociar aunque al Gobierno aragonés, según declaró su portavoz Vicente Guillén el 18 de diciembre, les gustaría "que hubiera uno nuevo".

Ya advirtió entonces el PP de que la prórroga presupuestaria afectaría a los capítulos VI y VII, unos tres millones que son inversiones directas, y en las transferencias de capital que la DGA realiza a entidades o empresas para que ejecuten inversiones, "85,8 millones de euros en el peor de los escenarios".

Pero las mayores afecciones se registrarán en el gasto social, que asumirá la mitad de los 200 millones bloqueados, y en los equipamientos que no se podrán iniciar. Con la prórroga presupuestaria tampoco se podrán aumentar los fondos destinados al Ingreso Aragonés de Inserción, las ayudas contra la pobreza energética y las aportaciones que se derivan a las corporaciones y las comarcas para prestar servicios.

La diputada Ana Marín denunció que, además de las residencias proyectadas que quedan en el aire, afectará a las transferencias al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Consideró "muy grave" que el plan de retorno de talento joven aragonés, uno de los proyectos estrella de la DGA, solo dispondrá de 75.000 euros, los mismos que en 2017, cuando estaba previsto que se elevara su dotación en 2019 a 2,5 millones.

La prórroga también dejará en suspenso las obras en nuevos colegios e institutos proyectados en la Comunidad y la ampliación de los programas educativos muy esperados. La diputada popular María José Ferrando denunció que queda en entredicho la extensión del programa de bilingüismo al medio rural, el banco de libros, la escolarización a los dos años y la ampliación de los ciclos de FP.

Ni siquiera se podrá aplicar la ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, aún en tramitación, pues la DGA necesitaría un mínimo de tres millones de euros para poder aplicarla.

En Sanidad, la prórroga dilatará la ejecución de varios centros de salud, entre los que figuran el de la Jota y el del Perpetuo Socorro, y el plan de renovación tecnológica. La diputada popular Carmen Susín denunció que, aunque hay convocatoria de empleo, los exámenes no serán hasta 2020, y que está bloqueado el contrato del transporte sanitario programado.

Aunque todos partidos políticos aragoneses en las Cortes han advertido al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, que la prórroga traerá consigo más recortes, él ha asegurado que no "perjudicará a los ciudadanos" sin especificar qué medidas tomará para materializarlo. Teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo PSOE-CHA tiene previsto aplicar la subida salarial de al menos 2,25% a sus 55.000 empleados con un presupuesto prorrogado.