Malas noticias

Sospecho que la decisión de Endesa de cerrar la térmica de Andorra no ha sido recibida por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con especial amargura. Sus primeros pasos al frente del Ministerio siempre apuntaron en esta dirección, contribuyendo con sus declaraciones a la estigmatización de la central y a la apertura de una enorme ventana de oportunidad por la que, finalmente, se ha colado la compañía eléctrica. Convertido en uno de los marchamos del Gobierno de Pedro Sánchez, la lucha contra el cambio climático y el control de las emisiones contaminantes se han priorizado para acelerar los tiempos y facilitar las decisiones de la multinacional italiana. Sin ninguna oposición ministerial, Andorra se ha convertido en una de las primeras víctimas de un Gobierno que ha ignorado las reclamaciones aragonesas y que no ha valorado las gravísimas consecuencias de una decisión que contribuye a desertizar el territorio mientras lo condena al abandono industrial. El Ejecutivo, que podría haber buscado una transición mucho más ordenada, ha eludido su capacidad de presión sobre Enel (¿se acuerdan cuando se hablaba de la importancia estratégica que implicaba mantener en manos españolas el control de ciertas compañías?, ¿recuerdan la OPA contra Endesa con el amparo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero?) a la vez que ha negado las ayudas que sí se han concedido en otros lugares de Europa. Las fórmulas para retrasar el cierre hasta el 2030, sobre las que el presidente Javier Lambán llegó a hablar con el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, se han aplicado en países como Italia o Polonia y solo dependían de la voluntad política y de la implicación de las partes.

Campeones en el cumplimiento de las obligaciones ecológicas fijadas en la cumbre de París de 2015, a las que nadie resta ni su importancia ni su urgencia, con el cierre de la central se quedan sin trabajo 4.000 personas -entre empleos directos e indirectos- y se borra de un plumazo un importante porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Teruel. Además, en la misma operación de cierre, se condena a la mina de Ariño y se da carpetazo a la historia de una comarca que creció y se desarrolló al calor del carbón. Un punto final que suprime el futuro y la esperanza de las próximas generaciones -obligadas con total seguridad a la emigración- y que, desde luego, no logrará corregir las indemnizaciones que cobren los trabajadores de la térmica.

No cabe ninguna duda de que la decisión, producto de un proceso de descarbonización y modificación del mix energético, no ha llegado por sorpresa. Las diferentes advertencias lanzadas y las ayudas recibidas -la Cámara de Cuentas entiende que las inversiones no han logrado atajar el principal problema de la despoblación- no han sabido abordar la necesaria reconversión industrial. Ni el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) ni el Miner han cumplido sus objetivos y la decisión -por incomparecencia del Ejecutivo central- de haber hecho descansar en manos de los diferentes gobiernos autonómicos este esfuerzo se ha demostrado inabarcable para su ámbito competencial. La reconversión industrial de la España de los años ochenta, una etapa que guarda fuertes paralelismos con lo que hoy se vive, fue el resultado, con sus luces y sus sombras, de un generoso proceso colegiado entre diferentes instituciones que dejó las necesarias inversiones millonarias para garantizar la supervivencia de los territorios. Algo mucho más ambicioso que lo que ahora se ofrece a Andorra y que parece dejar tan tranquila a la ministra.

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