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Aragón

Las instituciones aragonesas tendrán 18 meses para retirar los símbolos contrarios a la memoria democrática

La ley, que se aprobará el jueves, hace referencia a placas y calles que rindan homenaje a afectos al régimen franquista.

Pleno de las Cortes de Aragón.
Pleno de las Cortes de Aragón del 17 de mayo
Guillermo Mestre

La Ley de Memoria Democrática, que se aprobará el jueves en las Cortes, fija un plazo máximo de 18 meses para la retirada o eliminación de todos los elementos que atenten contra ella. Las entidades locales que no eliminen estos símbolos de sus edificios o espacios públicos, o que obstruyan el cumplimiento de la norma respecto al reconocimiento y reparación de las víctimas mediante su exhumación o acceso a documentos, podrán ser objeto de sanción con su exclusión de la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Además, si no se lleva a cabo, el Gobierno de Aragón incoará de oficio el proceso.

El proyecto de ley considera elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas los realizados en "conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial". Entre ellos, hace referencia expresa a placas, escudos, insignias, anagramas en edificios públicos o en la vía pública y denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de Estado o al régimen franquista.

El propio Gobierno de Aragón procederá a elaborar un censo de símbolos contrarios a la memoria democrática, que será revisado y actualizado, aunque su confección no podrá servir de excusa para que las administraciones procedan a su retirada.

No se aceptarán peticiones para mantener este tipo de elementos "por razones artísticas o arquitectónicas", salvo que patrimonio cultural emita un informe al respecto en el plazo de tres meses.

Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán los responsables de su eliminación. La resolución por la que se acordará su retirada recogerá el plazo para realizarla y será ejecutiva, de manera que se llevará a cabo con independencia de los recursos que se puedan interponer en los juzgados.

La futura norma establece, además, que las administraciones públicas de Aragón podrán proceder a invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos (alcaldes honorarios, hijos adoptivos o predilectos) y denominaciones de vías o espacios públicos que se consideren "formas de exaltación de personas vinculadas al régimen franquista". En este caso, se dará trámite de audiencia a las personas interesadas durante quince días y se dictará una resolución motivada que se notificará en el plazo máximo de tres meses.

Críticas de PP y PAR

PP y PAR rechazan el contenido de varios artículos de esta norma y decidieron mantener sus votos particulares al dictamen que se examinó la semana pasada en la  Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.

El preámbulo de esta futura ley hace referencia a la proposición no de ley 285/16 que emitieron las Cortes de Aragón "condenando el golpe de Estado y el régimen de dictadura militar", e instando al Gobierno de Aragón "a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de derecho", y a aprobar una "ley de localización e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes".

El dictamen de la ponencia, que defenderá en el pleno el diputado socialista Darío Villagrasa, ratifica que las sanciones pueden llegar a los 150.000 euros. La ley fija como infracciones muy graves el traslado de restos humanos correspondientes a enterramientos clandestinos, las excavaciones para exhumar cadáveres sin autorización y la destrucción de fosas de víctimas, documentos o elementos integrados en la ruta de memoria democrática.

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