La Cámara de Cuentas avisa de que las empresas públicas dependen de la DGA para "sobrevivir"

Las empresas públicas siguen dependiendo de las subvenciones y aportaciones del Gobierno autonómico para "sobrevivir", dado que solo 2 de las 16 analizadas logran tener autonomía financiera y la mitad de ellas continúan en pérdidas "pese a la reactivación económica". Este es el balance de la Cámara de Cuentas tras analizar los números del 64% de las sociedades de la DGA correspondientes a 2016, que constata que esa media docena de firmas ni siquiera cumplen la ratio de solvencia, por lo que no pueden afrontar sus deudas.

En esta crítica situación se encuentran Aragonesa de Gestión de Residuos, el Centro Europeo de Empresas (CEEI), Walqa, las plataformas logísticas de Huesca y Teruel y Promoción de Actividades Aeroportuarias. De poco ha servido que las arcas autonómicas hayan acometido operaciones acordeón para sostener el equilibrio patrimonial en parte de ellas e inyectado subvenciones millonarias y mantenga los pagos por prestaciones de servicios. "La práctica totalidad de las empresas fiscalizadas dependen de la Comunidad para ser viables", concluye el órgano fiscalizador.

Las decisiones financieras para intentar sanearlas han supuesto que la DGA tenga una mayor participación, "lo que incrementa obligatoriamente el riesgo de tener que asumir mayores pérdidas y con ello destinar mayores recursos públicos al mantenimiento de las empresas".

Su abultada deuda es una de las cuestiones en la que se centra el informe de la Cámara de Cuentas, de 70 folios, en el que incide en que casi el 69% del importe total, 174 de los 252 millones, corresponde a operaciones con la DGA, su Corporación Empresarial u otras sociedades autonómicas, como Suelo y Vivienda de Aragón. En este sentido, apunta que la Corporación dio préstamos participativos a Expo Empresarial y Plhus para poder cancelar sus créditos, "lo que supone que, cada vez más, el Gobierno asume las deudas de las empresas y con ello los posibles riesgos de impago al vencimiento".

Se da el caso de cuatro compañías (CEEI, Aragón Exterior, Promoción de Actividades Aeroportuarias y Parque Tecnológico del Motor) en las que más de la mitad de los ingresos corresponden a la DGA.

El informe de la Cámara de Cuentas fiscaliza igualmente los consorcios del aeropuerto de Teruel y del túnel de Bielsa. Sobre el primero, destaca las ofertas «anormalmente bajas» y cuestiona que los anuncios de licitación no reúnan todos los requisitos exigidos por la ley. Del segundo, censura que no se haya dotado una provisión pese a la existencia de litigios en los que se le reclaman 10,2 millones, además del incumplimiento del procedimiento de contratación.