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Opinión

Universidad, talento y transparencia

Los escándalos en torno a los títulos universitarios pueden provocar la desafección de los ciudadanos hacia una institución esencial. La universidad debe hacer

autocrítica y mejorar sus mecanismos de transparencia y de captación de talento.

José María Gimeno Feliu 25/09/2018 a las 05:00
Apertura del curso académicoJosé Miguel Marco.

Comienza un nuevo curso académico para el sistema universitario español en un estado de desconfianza motivado por el escándalo de los títulos oficiales en ciertas universidades o del cumplimiento de obligaciones del personal académico, que sugieren cierto descontrol o falta de adecuada organización. En este contexto, la universidad española, como institución fundamental tanto desde la perspectiva educativa como de creación de conocimiento y de generación de mayor riqueza económica y social, debe analizar de forma autocrítica la situación y repensar como prestar de forma más eficiente y transparente su función.

La universidad, como esencia, debe promover y captar el talento. No vale ya un sistema igualitarista y generalista dentro de la organización, pues no fomenta ni incentiva el talento y ‘castiga’ a quienes más pueden aportar para el avance de la misión de la universidad. La falta de reconocimiento a la excelencia en las distintas funciones –no solo en la docencia y la investigación– supone un claro desincentivo y condiciona restrictivamente uno de los principales valores universitarios, como es la necesaria autocrítica como elemento de mejora continua.

Una indebida política de contención presupuestaria y una inadecuada valoración de las necesidades reales en la materia de renovación y captación del personal universitario (docentes, investigadores o profesionales de los servicios), junto con una creciente rigidez burocrática (muchas veces autoimpuesta por desconfianza de las propias universidades) están poniendo en grave riesgo el propio sistema.

Urge, por tanto, una nueva política de captación y reconocimiento del talento en la universidad, con programas propios que faciliten tanto la movilidad del personal como la adecuada promoción en función de indicadores objetivos de calidad o rendimiento. Y, por supuesto, una política de motivación y reconocimiento a todo el personal universitario que cumpla satisfactoriamente las funciones que le corresponden, discriminando positivamente a los mejores como ejemplo e incentivo al buen hacer universitario. Solo así se pueden superar las inercias acomodaticias que se acumulan en un sistema universitario que parece abocado a su decadencia.

Por otra parte, la información, como rendición de cuentas, sobre el funcionamiento de la universidad aconseja una nueva definición que ponga la atención no tanto en los indicadores de los rankings de universidades (sin negar su importante valor), sino en indicadores propios de calidad y de cumplimiento de los resultados. Es indispensable que, como buena práctica implantada en la mayoría de las universidades ‘top’, todos los ‘curricula’ del personal docente e investigador estén debidamente publicados, accesibles y actualizados, para de esta manera explicar a la sociedad cómo se invierte el dinero de los ciudadanos y poner en valor con carácter público la concreta actividad de cada uno de los empleados públicos. Se debe explicar la incidencia económica y presupuestaria de las decisiones que se vayan adoptando sobre política de personal, procurando no distorsionar las señas de identidad del modelo, donde la mayor cualificación debe ser un valor a proteger. Urge corregir la precarización del personal universitario y, sobre todo, la política claramente errónea de atender a estrictos criterios económicos para preservar la docencia mediante una excesiva contratación de profesores asociados, que olvida las funciones esenciales de investigación y de innovación e impide la renovación y captación de talento.

La universidad, como institución, es esencial y, por ello, es necesaria una adecuada financiación y valorización de su función. Pero sin captación y reconocimiento al talento (valorar la mayor y mejor profesionalización), sin transparencia efectiva (una verdadera política de rendición de cuentas como herramienta de mejora) y sin verdaderos controles de las malas prácticas (lo que no significa más burocracia sino controles más eficientes) se corre el riesgo tanto de colapso del modelo, como de desafección ciudadana a la misión de la universidad. La universidad del siglo XXI debe ser una universidad abierta a los nuevos retos y exigencias, sin abandonar sus esencias y sin olvidar su misión de modernización, desde el conocimiento y el saber, de la sociedad en su conjunto. Este debe ser el verdadero debate del que depende el futuro del modelo.





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