Julio Tejedor: "Regular hasta el mínimo detalle puede facilitar la corrupción"

¿Por qué dedica un ensayo a la nueva ley estatal de contratos?

Porque es un tema en el que confluyen muchos de los problemas que está atravesando el país en los últimos años. Tiene que ver con la buena o mala gestión de las administraciones públicas, la corrupción o si se está gastando bien o no el dinero público. Detrás siempre subyace si se dan buenos servicios a los ciudadanos. Se contrata en la Administración para construir colegios, dotarnos de material sanitario o rehabilitar un centro de salud. Es una herramienta que no está bien regulada.

El Gobierno aragonés ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es lesiva para los intereses de Aragón?

Es lesiva para los intereses del conjunto del país y nos aleja de Europa. Si la comparamos con otras europeas que han incorporado las mismas directivas, nos encontramos que, no siendo menos transparentes y garantistas, son muchísimo más sencillas. Son más simples, más claras y generan menos incertidumbre.

¿Qué consecuencias vaticina?

Dificulta extraordinariamente los procesos de contratación. Introduce inseguridad en los plazos y, por tanto, en la programación de las políticas públicas. Con esta ley cuesta más contratar y saber en qué plazo tendremos lo que queremos, sea una obra, un suministro o un servicio.

¿En qué medida cercena las competencias de Aragón como sostienen?

En Aragón se producen daños añadidos por las peculiaridades de nuestra estructura, con muchísimos municipios y muy pequeñitos. Sin los instrumentos más flexibles que nos proporciona la anterior ley de contratos, ojo, y que mantienen las directivas o las leyes francesa, portuguesa o italiana, los limitamos y constreñimos mucho con el propósito teórico de impedir la corrupción.

¿A qué lo achaca?

Es producto de ciertas obsesiones y del continuismo de nuestra tradición regulatoria. Nos cuesta mucho cambiar, seguimos apegados a la vieja ley de hace 50 años. El nuevo texto tiene 400 artículos, que es cuatro veces la ley francesa o dos veces la portuguesa. Tiene un contenido regulatorio desmesurado.

¿Regular hasta el mínimo detalle es la solución a la corrupción?

No. Paradójicamente, regular hasta el mínimo detalle puede facilitar lo contrario, la corrupción. Con ese afán regulatorio se generan dudas e incertidumbres. Una norma sencilla y clara, que sea poco opinable, ayuda más a dificultar las prácticas de corrupción que una muy detallada. Yo siempre digo que el asesinato está castigado desde hace miles de años, pero se sigue matando.

La Universidad de Zaragoza, ya ha advertido de los serios problemas para contratar, por ejemplo, suministros para Investigación.

El excesivo afán regulatorio, la imposición de una concurrencia extrema y la prohibición de reiterar compras a los mismos proveedores, aplicado a la investigación, puede producir problemas importantes. El caso de los libros ha sido muy comentado: qué pasa si ya has comprado 18.000 euros en libros, algo normal para una Universidad como la de Zaragoza, ¿ya no puedes comprar más a una librería? Es un poco absurdo y no tiene ningún sentido.

Pues si se aplica a los municipios y comarcas…

Sin lugar a dudas, van a tener mucho más difícil contratar. El contrato menor se dificulta y limita, por lo que puede ocurrir que en una comarca nos encontremos que solo haya una tienda de ordenadores y no se le pueda comprar al llegar al umbral del contrato menor. Y puede pasar lo mismo con los contratistas locales para un apaño, como la mejora de una acera.

¿Quién gana entonces?

Este tipo de cosas no son casuales, hay ideología detrás. Quizá el propósito es que se acumule esa compra pública de pequeños municipios en un gran licitador.

Pero al mismo tiempo la ley obliga a trocear los grandes contratos, como el hospital de Teruel.

Sí.

Y dos lotes han quedado desiertos. ¿Hasta qué punto habrá problemas con las grandes obras?

Ya veremos cómo se resuelve con la práctica. Hasta ahora, en este tipo de grandes obras se sacaba un solo contrato, que ganaba una gran empresa o una UTE y asumía la responsabilidad. Ahora, con el ‘loteo’, que es una regla bien intencionada para favorecer la competencia y que las pymes accedan a la gran obra pública, el problema es quién coordina los lotes. La Administración va a tener que desarrollar esta labor, que antes hacía el contratista principal, y se debe aclarar quién asume la responsabilidad del conjunto de la obra. ¿Qué pasa si una empresa de los lotes estructurantes paraliza o abandona la obra y afecta al resto de contratistas?

Es decir, la ley no garantiza una mejor gestión pública.

Ese es el problema. Está muy bien mejorar los procedimientos de contratación y que entren las pymes, pero lo prioritario en la compra pública es obtener los bienes, servicios y suministros que la Administración necesita para prestar los servicios públicos en condiciones óptimas. La ley no está pensando en optimizar ese tipo de procedimientos y abre escenarios y lagunas que provocarán problemas.

¿Y cómo piensan solucionarlos?

Incorporando un último lote en el conjunto de las grandes obras, con el consiguiente coste añadido, para que un contratista adicional se encargue de coordinar al resto y no se produzcan distorsiones. Además, a eso añade un sistema de responsabilidades cruzadas para tratar de conseguir, vía aseguramiento del riesgo, que los diferentes contratistas respondan de los daños que puedan causar a los otros. Son soluciones a problemas relativamente nuevos.