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"Tenemos miedo y tememos nuevos intentos de secuestro si no se toman más medidas"

Víctimas de violencia de género y profesionales como los trabajadores sociales reaccionan tras el caso del padre acusado de llevarse a su hijo de 8 años

Un punto de encuentro familiar ubicado en Zaragoza.
Un punto de encuentro familiar ubicado en Zaragoza.
Asier Alcorta/Heraldo.

"Estamos muy tristes, enfadadas y muertas de miedo". Lo dice Ariadna Marco, presidenta de Somos Más, la primera asociación de mujeres supervivientes de violencia de género en Aragón, después de ver lo ocurrido en las últimas semanas con el padre denunciado por huir de Zaragoza con su hijo de 8 años y que quedó en libertad con cargos después de ser detenido en Huelva tras pasar 12 días en paradero desconocido con el menor. El juez le impuso la obligación de comparecer cada 15 días por la causa abierta por sustracción de menores.

Antes de huir, el hombre, de 27 años, había pasado unos días con su hijo en virtud del régimen de visitas establecido en el acuerdo de separación de la pareja. No acudió al punto de encuentro donde debía entregar al pequeño y la madre presentó una denuncia, lo que motivó que se emitiera una orden de busca y captura. Precisamente, al día siguiente de que no devolviera al niño a su expareja, Javier A. L. estaba citado a declarar en un juzgado de Zaragoza como acusado de un delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento impuesta en marzo. En este proceso resultó absuelto, pero tiene pendiente otro juicio este mes por un presunto delito de malos tratos hacia la madre. Ahora, el abogado de la mujer valora pedir al juez que instruye el procedimiento por sustracción de menores el ingreso del hombre en prisión.

El hecho de que se decretara su libertad es una de las cuestiones que ha inquietado al colectivo que preside Marco. Consideran que "si a quien hace eso no se le paran los pies, puede volver a ocurrir". "Tememos que haya más intentos de secuestro porque en este caso, de momento, no ha habido consecuencias".

También en el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón creen que la ausencia de medidas más drásticas en este caso puede llevar a otros padres a pensar que "si te saltas una orden no tiene efectos". Además, la vicepresidenta, Carlota Martín, señala que en muchos casos de maltrato tanto psicológico como físico "se utiliza a los niños para hacer chantaje emocional a la madre", y tanto estos profesionales como el colectivo de supervivientes coinciden en lo duro que resulta para muchos pequeños irse con su padre cuando son conscientes de las situaciones de violencia que se han vivido en el hogar. "La mayoría están atemorizados pero algunos ni siquiera lo dicen porque han desarrollado un sentido de protección de la madre", explica una trabajadora social.

Y alerta de que, pese a que algunas sentencias especifican que el progenitor solo puede ver a sus hijos dentro del punto de encuentro familiar, "incluso allí puede ejercer un abuso psicológico".

"Siguen teniendo derecho a visitas"

"Prácticamente en todos los casos en los que hay una orden de alejamiento los padres siguen teniendo derecho a visitas", critica Ariadna Marco, que ve "vergonzoso" que esto ocurra "si ya hay condena o son hechos demostrados". Añade que ya han contactado con jueces y abogados para abordar esta problemática que tanto les preocupa.

También los trabajadores sociales sostienen que "todavía falta mucha sensibilización" en ámbitos en los que se aborda la violencia de género, como el judicial, que tiene la última palabra a la hora de decidir sobre la custodia. Porque ¿puede un maltratador ser un buen padre? ¿Y debe seguir teniendo derecho a su hijo?

Carlota Martín defiende que "deben primar los derechos del niño y hay que dar una vuelta de tuerca al tema de las custodias". Advierte de que mantener el contacto puede "llevar a otro tipo de violencia contra la madre al no saber cómo está su hijo". La administración también tiene su responsabilidad cuando no se da una protección integral a las mujeres (prestaciones económicas dignas, equipos multidisciplinares que la atiendan después de la denuncia, etc.).

"No es cuestión de que hagan reformas, sino de que se cumpla la ley", reclama Ariadna Marco. Apela al artículo 80.6 del Código Foral Aragonés, que establece que no procederá la guardia y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando haya abierto un proceso penal contra la integridad física o moral del otro progenitor o de los hijos, cuando haya resolución judicial o el juez advierta "indicios fundados de violencia de género".

Tanto la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, como la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, han abogado en múltiples ocasiones por suspender el régimen de visitas a los padres implicados en casos de violencia de género y eliminar cualquier posibilidad de que accedan a la custodia compartida.

La seguridad en los puntos de encuentro familiar

La seguridad en los puntos de encuentro es otro aspecto crítico para las víctimas, especialmente tras el asesinato en julio de 2016 de una joven madre, Alexandra Rodica, a las puertas de uno en Zaragoza. La DGA recuerda que a raíz de este hecho se revisaron los protocolos y se reforzaron las medidas de seguridad, consensuadas con la Policía, TSJA, abogados, ayuntamientos... Así, cada técnico dispone ahora de un botón antipánico y los padres con denuncias o sentencia por maltrato deben permanecer 40 minutos en el centro en vez de 30 para dar margen a la madre entre y salga. Víctimas y trabajadores sociales creen que estas medidas "se quedan cortas".

Una de las medidas planteadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es precisamente la especialización de puntos de encuentro familiar para los casos de maltrato, una iniciativa por la que también apuesta la DGA, aunque la directora general de Igualdad y Familias, Teresa Sevillano, matizó recientemente en una comparecencia en las Cortes que "excede las competencias" del Ejecutivo autonómico.

En 2016, los puntos de encuentro ubicados en Aragón atendieron a un total de 2.692 personas, y el año pasado el número de usuarios creció en un centenar.

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