El Instituto Aragonés de la Mujer creará el primer protocolo de actuación contra la violencia sexual

La directora del IAM asegura que el Pacto de Estado contra la violencia de género es un “documento de mínimos” y “un buen punto de arranque”, aunque no “un fin en sí mismo”.

Natalia Salvo, a la izquierda, este miércoles con algunas de las diputadas de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales
Natalia Salvo, a la izquierda, este jueves con algunas de las diputadas de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales
Cortes de Aragón.

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) pondrá en marcha durante este año el primer protocolo de actuación y prevención contra la violencia sexual, así como recursos específicos de atención psicológica para las víctimas. Además, este organismo va a coordinar una comisión interdepartamental en el Gobierno aragonés para implementar las 27 de las 212 medidas del pacto de Estado contra la violencia de género que tienen que ejecutarse en este ejercicio y en las que tiene competencias la Comunidad autónoma.

Estas son algunas de las iniciativas que la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, ha anunciado este miércoles durante su comparecencia en la Comisión de Ciudadanía de las Cortes de Aragón, en las que ha abordado el papel de la región en el acuerdo nacional que fue aprobado el pasado septiembre.

por ahora, el Gobierno central sigue sin financiar este pacto de Estado contra la violencia de género, después de que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anunciara que en este primer cuatrimestre de 2018 estarían disponibles 200 millones de euros, de los que 100 deben gestionar las comunidades autónomas. Todos los grupos parlamentarios aragoneses, excepto el pp, han reprochado que esta dotación económica siga en el limbo. por su parte, la portavoz popular, Ana Marín, aseguró que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha comprometido a “poner este dinero encima de la mesa” a través de un decreto ley.

Acerca de la financiación de este pacto nacional, la directora del IAM ha recordado que este no está “condicionado” a los presupuestos Generales del Estado y que este acuerdo “queda fuera de los vaivenes políticos”. Asimismo, sobre el reparto de los 100 millones a las distintos comunidades ha explicado que desde Aragón se está solicitando que uno de los indicadores del mismo sea la dispersión poblacional.

La directora del IAM, a preguntas de algunas fuerzas políticas, ha dejado clara su postura respecto a este pacto de Estado contra la violencia de género. Ha comentado que aunque le ve “carencias” y no es el que ella hubiera hecho, se trata de un “documento de mínimos” y no de “un fin en sí mismo”, que supone un “buen punto de arranque”.

Un “fracaso” si no se lleva a cabo

Todas las formaciones políticas han valorado positivamente este pacto de Estado, incluida podemos, que se abstuvo en la votación nacional al considerar que estaba garantizada la ejecución de todas las medidas planteadas, aunque todas, excepto el partido popular, han denunciado el “escollo” de la falta de financiación.

La diputada popular Ana Marín, que ha insistido en que hay tiempo hasta abril para poner a disposición de las regiones el dinero, ha recalcado que existen una reforma de 20 artículos de la Ley de Medidas de protección Integral contra la la Ley de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género que se van a llevar a cabo sin necesidad de ninguna dotación económica, entre las que figura la suspensión imperativa del régimen de visitas al maltratador.

Desde el PSOE, Marimar Zamora ha criticado que ya han pasado cinco meses desde la ratificación del acuerdo y no se ha visto desde el Gobierno central “ni una medida ni un solo euro”. por este motivo ha explicado que su partido ha convertido en iniciativas legislativas ante el Congreso las propuestas de este acuerdo.

Por la formación morada, Amparo Bella ha anunciado que podemos presentará una proposición de ley en las Cortes de Aragón en relación con este pacto. Asimismo ha criticado que se trata de un pacto “sin recursos humanos y económicos” y que los 1.000 millones de euros previstos en cinco años se traducen en una inversión de “cuatro euros por persona y año”.

La diputada regionalista Elena Allué ha afirmado que será un “fracaso” de todos si no se cumplen las iniciativas contempladas en este pacto nacional y las que también dimanan de la mesa especial de violencia de las propias Cortes de Aragón.

Desde Ciudadanos, Desirée pescador ha subrayado que el principal “escollo” es la forma de financiación. Por su parte, Patricia Luquin, de IU, ha solicitado un cronograma de cómo se van a abordar las propuestas concretas en Aragón. El guiño a la huelga feminista convocada para este jueves ha sido unánime por parte de casi todas las diputadas que han intervenido. “Espero que sean un punto de partida e inicio de que las políticas de igualdad entren a formar parte del día a día de las instituciones y que estas se impregnen de feminismo”, ha concluido Luquin.

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