El coste de mantenimiento del tramo aragonés de la AP-2 ronda los 17 millones al año

El Ministerio de Fomento no prorrogará la concesión de la AP-2, Zaragoza-Mediterráneo, y evaluará fórmulas futuras de explotación en cuanto expire. El Gobierno central confirma que atenderá el mandato del Congreso de los Diputados de no ampliar las autorizaciones de las seis autopistas que vencen entre 2018 y 2021, una decisión que en Aragón afecta a los 102 kilómetros de AP-2 que discurren entre Alfajarín y Fraga.

La incógnita que aún no ha desvelado es cómo asumirá los costes de mantenimiento que, extrapolando las estimaciones de las empresas, rondarían los 17 millones de euros al año en la Comunidad. El Estado dejaría de ingresar, además, otros 25 millones anuales por el retorno fiscal, los impuestos por el cobro de peajes que, en el tramo aragonés de la AP-2, oscilan entre 11,15 y 24,7 euros, según el tipo de vehículo.

Ahora que está claro que no se volverá a ampliar la concesión de la Autopista Zaragoza-Mediterráneo más allá del 31 de agosto de 2021, el interés se centra en conocer la fórmula que aplicará el Estado para compensar los más de 454 millones de euros que dejará de ingresar en total, según las empresas, por las siete autopistas cuyas autorizaciones acaban entre 2018 y 2021 y que suman más de mil kilómetros: la AP-1 que gestiona Europistas; la AP-7 y la AP-4, de Aumar; la AP-7 y AP-2, de Acesa y la C-32 y C-33, de Invicat.

Las miradas se dirigen hacia la AP-1, un tramo de 84 kilómetros entre Burgos y Armiñón (Álava), cuya concesión finaliza en noviembre de este mismo año. Ante el silencio que guarda Fomento, la diputada burgalesa del Partido Socialista Esther Peña ya ha remitido una pregunta parlamentaria al Congreso para conocer qué medidas tomará el Ministerio al respecto.

La opción más deseada sería que el coste de mantenimiento sea asumido por el Estado, como ocurre con las autovías, y más cuando en el caso de Aragón la liberalización total permitiría reducir la alta siniestralidad que registra la N-II con un goteo constante de víctimas mortales. Solo en los diez primeros meses de 2017, cinco personas murieron en accidentes entre Alfajarín y Fraga, un tramo por el que circulan unos 5.145 camiones de media al día, mientras que apenas la mitad utiliza la AP-2, que discurre paralela a la nacional. Como recordaba hace unos días la alcaldesa de Pina de Ebro, Marisa Fanlo, el fin de la concesión daría «una solución a un problema de seguridad vial que llevamos soportando en la N-II durante décadas».

¿Peajes blandos?

Pero no se descarta que se implante otro tipo de tributos por circular por estas autopistas, una especie de peajes blandos que serían más baratos que los actuales porque la ejecución de las vías ya está amortizada.

Es una posibilidad que ha dejado caer en alguna ocasión el portavoz de Fomento en el Congreso y presidente del PP en Castellón, Miguel Barrachina, al advertir de que la decisión de no aplicar peajes en las carreteras estará supeditada a un estudio económico y a la disponibilidad de fondos en la Administración estatal cuando llegue el fin de la concesión. El modelo definitivo sigue estando en manos del Gobierno central, que intentará buscar una solución de consenso con los demás partidos.

El colectivo Fedea, un grupo de expertos económicos, en su reciente informe ‘Políticas eficientes de inversión y tarificación de la infraestructura del transporte en España’ va más allá y, además de un peaje que ayude a costear el mantenimiento, apunta que el deterioro del firme deberían pagarlo los camiones, porque son los que más lo erosionan.

Entre las tareas de conservación que deberá asumir el Estado a partir de 2021 en la AP-2 figura la conservación de la vía, sus accesos, la señalización y la reparación de los elementos que se deterioren.

La respuesta de Fomento sobre la AP-1 al PSOE de Burgos será clave para conoce qué podría ocurrir con la AP-2 una vez finalice la concesión en 2021.

Más de 40 años en servicio

El sábado 30 de abril de 1977 entró en servicio el tramo Alfajarín-Soses de la Autopista Zaragoza-Mediterráneo, un hito que se celebró en los primeros días con peajes gratuitos y supuso que los viajeros, en dos horas y 20 minutos, pudieran disfrutar de la playa, según recogía HERALDO en aquellos días.

Las obras comenzaron en mayo de 1973, por el tramo Vendrell-Villarrodona, y la ejecución de los 215 kilómetros de autopista se presupuestó en 16.000 millones de las antiguas pesetas (más de 96 millones de euros, pero de hace cuarenta años). La tarifa por turismo y kilómetro oscilaba entre 1,15 y 1,40 pesetas, el doble (3 pesetas) para camiones.

Las primeras previsiones cifraban en 10.000 los vehículos que iba a asumir al día, con calzadas de dos carriles con posibilidad de ser ampliadas a tres, como se hizo años después. La concesión debería haber finalizado 25 años después de su puesta en servicio en 1977. Y ya han pasado cuarenta años.