Un juzgado de la capital aragonesa está investigando una presunta estafa cometida en Japón por una empresa de Zaragoza dedicada a poner en marcha proyectos de energías renovables en el extranjero. Sus socios japoneses, con los que firmaron un contrato para colaborar en el desarrollo de seis parques fotovoltaicos en las islas niponas, se han querellado contra la firma al entender que les engañó desde el principio ya que, tras cobrar un pago de 10.000.000 yenes (75.600 euros) por el primer proyecto, ya no salió adelante ningún otro.

De hecho, los japoneses, que consideran que han sufrido un perjuicio de dos millones de euros, creen que la empresa aragonesa nunca tuvo intención de desarrollar el resto sino de hacer de simple intermediaria. Es más, denuncian la falsedad de una factura de 5 millones de euros que le presentaron para justificar que no habían tenido beneficios.

La querella fue presentada en marzo de 2017 por el abogado Jaime J. Navarro Llima, en nombre de la mercantil japonesa Durus K. K., pero una cuestión de competencia planteada ante la Audiencia Nacional ha retrasado la instrucción, que ha vuelto a recaer en un juzgado de la capital aragonesa.

Por su parte, el letrado José María Lumbreras, representante de los querellados, asegura que las partes están discutiendo todo este conflicto en un juzgado en Japón, que ya fue archivada una denuncia que se presentó contra sus clientes en una comisaría de Policía nipona, que están «muy tranquilos» con el trabajo realizado y que esta misma semana van a pedir el archivo de la causa.

Durus K. K. y la zaragozana Sunpremier 2020 S. L. firmaron en julio de 2012 un acuerdo para colaborar profesionalmente en el desarrollo de parques fotovoltaicos en Japón. Para ello, constituyeron una empresa conjunta en el país asiático en la que Durus tenía el 30% de las acciones y Sunpremier, el resto. La misión de la mercantil japonesa era localizar terrenos, asegurar opciones de compra, tramitar permisos y licencias para la conexión eléctrica y todo lo necesario para instalar las plantas. Una vez logrado todo esto, Sunpremier estaba obligada a comenzar los trabajos para montar los parques. Según los denunciantes, los problemas comenzaron cuando, tras obtener los solares y permisos, Sunpremier «no hizo su parte».

«Fue en este momento cuando la situación entre las partes comenzó a complicarse, puesto que Sunpremier no tenía ninguna intención de realizar ningún pago ni de iniciar los trabajos de construcción. Su única pretensión era poner a la venta los proyectos de parques fotovoltaicos una vez obtenidos los permisos en un claro aprovechamiento de los trabajos hechos por Durus», expone el letrado Jaime J. Navarro en su querella.

Afirma que este modus operandi le es «ciertamente familiar», puesto que durante la burbuja de renovables en España se actuó de esta misma forma, pero a los empresarios japoneses les resultó «totalmente inesperado», pues creían que Sunpremier iba realmente a desarrollar los proyectos fotovoltaicos iniciados por Durus. Siempre según la querella, pronto constataron que no era así y que su «intención» había sido hacer una «pasa» como «intermediario».

La relación entre las partes se fue enrareciendo, pero en octubre de 2013 llegaron a un nuevo acuerdo en el que Durus transmitía a Sunpremier el control de las cinco sociedades creadas para otros tantos proyectos y, a cambio, a los japoneses les aseguraban un 30% de los beneficios que obtuviesen de la venta de cada uno de ellos. La sociedad española que actuaba como matriz de la filial en Japón, Sunpremier S. L., compareció en el acuerdo como garante del pago, según los documentos aportados en la querella.

Como consta en el escrito, uno de los parques, el de Oita, fue vendido por 123.878.000 yenes (un millón de euros) y Durus recibió un primer pago de 10.000.000 de yenes. Pero a partir de ahí ya no cobró nada más. Su sorpresa, según el letrado, fue que desde ese momento se cortó toda la comunicación con los socios españoles, lo cual impidió a los japoneses conocer el devenir del resto de los proyectos y, por lo tanto, poder reclamar su 30% de los mismos.

Por distintas gestiones llevadas a cabo en el país nipón, Durus se enteró de que Sunpremier supuestamente estaba transmitiendo los proyectos –Tochigi Project, Kagoshima Beach Project y Ebino Project– y cobrando grandes cantidades, por lo que decidieron interponer una demanda en los tribunales japoneses que actualmente se está tramitando.

Dentro de ese procedimiento, la empresa zaragozana argumentó que no podía repartir beneficios puesto que no había tenido ninguno. Para ello, presentó una factura emitida por la sociedad Premier China Group España S. L. a Sunpremier Japan Holdin K. K. por importe de 4.976.000 euros por servicios de ingeniería y comisión por la venta del proyecto de Kagoshima Beach. Sin embargo, el letrado Jaime J. Navarro considera que la factura es falsa y que esos servicios se han generado de forma ficticia para ocultar el patrimonio y no pagar a los japoneses.

Argumenta en su querella que esa factura no se corresponde con la realidad, porque la sociedad no tiene sede física donde efectuar una actividad económica real, está domiciliada en un despacho de abogados de Zaragoza ya inexistente, no ha presentado depósito de cuentas desde su constitución en 2009 y aparece como filial propiedad de Hong Kong Premier China Group L. T. D. en la que un miembro del consejo de administración es también administrador de Sun Premier 2020 S.L. y otras sociedades de este grupo. En definitiva, que se trata, en su opinión, de un entramado societario creado para ocultar el beneficio de la ventas de los parques fotovoltaicos, que fija en dos millones.         

Actualización

"En relación con la denuncia a una empresa aragonesa por una presunta estafa millonaria en Japón publicada en Heraldo.es, el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza decidió el pasado 04 de octubre de 2019 el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. A juicio de la magistrada-juez doña Natividad Rapún Gimeno, “de lo actuado no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 641.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar sobreseimiento provisional de las actuaciones y, conforme al art. 634 del mismo texto legal, no existiendo diligencias pendientes de ejecutar, el archivo de la causa".