Despliega el menú
Aragón

El Fiscal pide también reabrir la causa por desobediencia contra los exconsejeros Santi Vila y Lluis Puig

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena considera que hubo un error administrativo.

Santi Vila abandona la prisión de Estremera
Santi Vila abandona la prisión de Estremera

El Fiscal de la Audiencia Provincial de Huesca considera que los exconsejeros de Cultura de la Generalitat, Santi Vila y su sucesor, Lluis Puig cometieron un delito de desobediencia a la autoridad judicial al desoír las órdenes de devolución de las 44 obras de Sijena retenidas en su día en el Museo de Lérida y ante ello, adopta la decisión de unirse al recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena contra el archivo de la causa ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca.

Al parecer, según explica el letrado del consistorio monegrino, Jorge Español, la denuncia constaba de varios archivos adjuntos que debido a un error administrativo nunca llegaron a manos del titular del juzgado de instrucción, lo que, al carecer de pruebas, le condujo a cerrar la causa. El problema estuvo en que los documentos anexos no fueron remitidos al competente por el Juzgado de Guardia.

Ante ello, el Fiscal de la Audiencia Provincial de Huesca, Juan Barachet, se une a la petición de reapertura del consistorio al considerar que los hechos investigados son constitutivos de un "grave" delito de desobediencia. De hecho, según explica, ha quedado constatado que los dos consejeros desoyeron hasta en tres ocasiones las órdenes judiciales de entrega de las obras.

Asimismo, según explica, la obligación impuesta fue "incumplida con rotundidad", ya que los dos políticos catalanes habían sido requeridos "de forma personal" y además, apercibidos de las consecuencias penales correspondientes. También señala que actuaron de forma consciente y a sabiendas de que la ejecución de la orden judicial dependía "en buena medida" de sus decisiones.

El fiscal dice que «las consecuencias del incumplimiento y desobediencia fueron capitales», haciendo referencia a la necesidad final de llevar a cabo la incautación forzosa de las 44 obras retenidas en el Museo de Lérida. «No solo -señala- por el despliegue de medios materiales, humanos y efectivos, que la administración autonómica y la policial judicial tuvieron que empeñar para suplir la obstinada voluntad de los investigados, sino por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana». Así, atendiendo a ello, pide que las consecuencias provocadas tengan su reflejo en las posibles penas que deriven de la investigación.

El delito de desobediencia se castiga con penas de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años.

También avala que la investigación se lleve a cabo en los juzgados oscenses, ya que, según explica, el mandato de la magistrada era que las obras fueran entregadas en el monasterio de Sijena y por lo tanto, el lugar de ejecución de un delito es aquel en el que el sujeto debió desplegar la conducta omitida.

De igual modo, en relación a las diligencias a practicar, el fiscal pide que se tome declaración a los investigados, se comunica las decisiones adoptadas al juzgado de Instrucción número 1 de Huesca (autor de la sentencia de las 97 piezas) y además, se realice ofrecimiento al Gobierno de Aragón para que si lo desea pueda personarse en la causa.

También pide que se sume a la causa el atestado de la Policía Judicial del pasado 11 de diciembre y además, insta a solicitar al Parlamento de Cataluña a informar si Lluis Puig es o no diputado del mismo y de este modo, determinar su condición de aforado con el fin de remitir la causa al Tribunal Supremo.

Etiquetas
Comentarios