La polémica acerca del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de la DGA se centra en si en Zaragoza conlleva o no una doble imposición, es decir, si se paga dos veces por el mismo servicio. Los detractores sostienen que sí porque los zaragozanos llevan un cuarto de siglo sufragando la depuración. Los mentores dicen que no porque es fruto de una directiva europea posterior para todo el ciclo del agua y garantiza equitativamente la recuperación de costes. Y, entre tanto, las instituciones enturbiando una posible solución política. El Ayuntamiento, con sus contradicciones: entrega el padrón de contribuyentes, pero llama a la insumisión fiscal. La DGA abonando la tesis de que alguien va a pagar de más, al admitir que el coste medio de depuración en Aragón es inferior al que Zaragoza soporta. Ni justo ni igualitario. Mientras las cuentas no estén claras, es normal y hasta prudente que los ciudadanos esperen o recurran. Los más de cien mil impagos y más de veinte mil recursos que se van a producir son la prueba de que algo se ha hecho mal o doblemente mal. A un año de las elecciones, un bumerán social imparable para el Gobierno Lambán.