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Opinión

Forzados al pleito

Mariano Gállego 18/01/2018 a las 05:00

La Administración central, de manera recurrente, muestra escasa sensibilidad con el territorio pirenaico afectado por la construcción de embalses, piezas de regulación imprescindibles para el desarrollo económico, tanto en lo que se refiere a regadíos agrícolas, usos industriales o consumo urbano. Sería reiterativo desgranar aquí el impacto social que la construcción de algunos saltos hidroeléctricos generó en los pueblos de montaña. Baste señalar el reconocimiento de las Cortes de Aragón, que hace dos años, haciendo gala de una inusual unanimidad, respaldó que los municipios con saltos de agua fueran "los primeros beneficiarios" de las reversiones de las centrales eléctricas, así como del 25% de la energía que por ley las empresas energéticas deben entregar al Estado.

El propio Plan Hidrológico del Ebro, en el artículo 96.2, determina que los fondos procedentes de la energía reservada y de los saltos revertidos a la Administración se destinen a "la restitución económica y social del territorio que los genera, así como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de la gestión del agua en la cuenca".

Sin embargo, la reciente reversión del salto de Lafortunada-Cinqueta –en la comarca del Sobrarbe y uno de los de mayor producción del Pirineo– llega sin que el Ministerio de Medio Ambiente exprese consideración alguna hacia el territorio afectado, hasta el punto de no reconocer ningún derecho a favor de los municipios pese a que parte de los tendidos eléctricos, los canales o las tuberías discurren por monte público municipal. Este es el principal motivo por el que la Diputación Provincial de Huesca, en su nombre y en el de los ayuntamientos afectados (Tella-Sin, Plan y San Juan de Plan) acaba de anunciar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Es lamentable que esos pueblos se vean forzados a la vía judicial para exigir lo que tanto el Parlamento aragonés como el Plan del Ebro consideran un derecho. Se echa en falta cierto talante negociador y un poquito de buena voluntad.





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