El Gobierno de Aragón y Podemos han rubricado el acuerdo político para comenzar la tramitación del presupuesto de la comunidad para 2018, que incluye un incremento del 13% en la inversión, además de varias cuestiones "sustanciales" para la formación morada con el fin de recuperar los "derechos sustraídos" por el anterior ejecutivo PP-PAR.

Este miércoles ha tenido lugar en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno, la última de 18 reuniones bilaterales entre los representantes del ejecutivo PSOE-CHA y miembros de Podemos para perfilar el acuerdo presupuestario, que ya fue ratificado este martes por el 74% del Consejo Ciudadano de Podemos Aragón.

Tras la reunión, Iván Andrés, consejero ciudadano de Podemos Aragón en el área de Hacienda, ha advertido de que se trata de un "acuerdo de mínimos" para iniciar la tramitación, que según ha dicho el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se hará "muy rápidamente".

La firma de este acuerdo permitirá que este jueves el Gobierno de Aragón apruebe el techo de gasto no financiero (que estará en torno a los 5.300 millones de euros, unos 250 más que en 2017), para que este sea remitido inmediatamente a las Cortes y se pueda aprobar en el Parlamento a principios de la semana que viene.

En esta ocasión el techo de gasto, que por ley es una condición previa e imprescindible para poder aprobar los presupuestos, obtendrá el respaldo de Podemos, que como filosofía general está en contra del concepto.

Andrés ha precisado que para llegar al pleno de la toma en consideración de los presupuestos primero es necesario aprobar el techo de gasto, y que la única posibilidad cierta ahora mismo es que Podemos lo vote, porque "no queda otra" y porque en caso contrario supondría "claudicar" a las "exigencias" del PP, que solo intenta "desmontar los avances sociales" que ahora se han producido.

Una vez aprobado, el Consejo de Gobierno, probablemente la semana que viene mismo, aprobará el proyecto de los presupuestos, que podrían entregarse en el Parlamento el viernes, 29 de diciembre, para que comience de forma inmediata la ronda de comparecencias de los consejeros para detallar las cuentas de sus respectivos departamentos, y que el debate de la toma en consideración se pudiera celebrar en torno a los días 8 o 9 de enero.

Andrés ha detallado cuatro de las cuestiones que Podemos considera más importantes en este acuerdo: el establecimiento de una nueva línea de subvención a los municipios, por un millón de euros, para adecentar los consultorios médicos rurales; duplicar las ayudas al alquiler social; implementar programas de apoyo a la inserción laboral de las mujeres en el medio rural, y modificar la ley de aguas y el impuesto de contaminación de las aguas (ICA) sobre la base de un "amplio consenso social".

En este sentido, el acuerdo presupuestario incluye la creación de una mesa de participación de los agentes implicados para redactar una propuesta de modificación en el plazo de tres meses.

El consejero ha coincidido en que algunos planteamientos que se hacen desde diferentes sectores son "perfectamente asumibles" y ha insistido en la necesidad de definir el impuesto, lo que no significa, ha advertido, que se vaya a suprimir.

Estas son cuestiones generales, pero Podemos tomará la decisión sobre el apoyo final a los presupuestos en función de cómo se desarrolle el trámite de enmiendas.

Gimeno, por su parte, ha llamado la atención sobre el hecho de que este es el tercer presupuesto que saca adelante el Gobierno PSOE-CHA, lo que pone de manifiesto "la capacidad de toda la izquierda" para aprobar unas cuentas "progresistas".

Pero además, los de 2018 definen las líneas estratégicas de la acción de Gobierno hasta el fin de la legislatura, ha añadido el consejero.

De este modo, las cuentas son "eminentemente sociales", con especial importancia a las secciones de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, pero los capítulos inversores en esta ocasión crecerán más de un 13%.