Aragón

El presidente de la DPZ tendrá que declarar como investigado por la oposición de bomberos

El juez ha admitido a trámite la querella de 23 opositores y llamará a Juan Antonio Sánchez Quero y otras siete personas vinculadas al tribunal examinador para investigar si pudieron cometer delitos de tráfico de influencias o revelación de secretos.

Los aspirantes a la oposición de bombero ya trasladaron su malestar en un pleno de la DPZ.
Oliver Duch

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza ha decidido admitir a trámite la querella presentada por 23 aspirantes a las oposiciones de bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y llamar a declarar en calidad de investigados al presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, y a los siete integrantes del tribunal examinador. El magistrado todavía no ha fijado la fecha en la que los querellados deberán pasar por el juzgado, pero adelanta en su auto que "los hechos (...) presentan características que hacen presumir la posible existencia de un presunto delito de tráfico de influencias o revelación de secretos".

Además de los antes citados, el juez ordena que se tome también declaración a todos los querellantes en calidad de perjudicados, así como a un par de testigos. El juzgado va a librar también un oficio a la DPZ para que le remita un copia compulsada de todos los exámenes que hicieron los aspirantes que se presentaron a la primera prueba. A la hora de impugnar la oposición, los denunciantes hablaban de una supuesta filtración de preguntas. De ahí que ahora el instructor quiera contar con los exámenes para investigar si realmente existió trato de favor.

Los 23 bomberos que presentaron la querella, a los que asiste la letrada Carmen Sánchez Herrero, propusieron al magistrado que, como medida cautelar, paralizara la oposición para que no se convocase la segunda prueba. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 entiende que no procede tal medida.

Además del presidente de la DPZ, tendrán que dar explicaciones en calidad de investigadas y asistidas por abogado otras siete personas vinculadas al tribunal de la oposición: Eduardo S. A., Miguel Ángel C. F., Francisco Javier S. G., José Antonio A. S., César García C., David G. L. Y Luis N. S. En cualquier caso, todos ellos tienen un plazo de tres días para recurrir el auto del juez.

"El modo de proceder supuestamente es el filtrado de preguntas a personas elegidas y la elaboración de un examen que resulta imposible de aprobar salvo que sepas de antemano el contenido del mismo", manifestaban los querellantes a través del escrito que dirigieron hace unos días al Juzgado Decano de Zaragoza. Para probar hasta qué punto eran fundadas sus sospechas de posibles filtraciones, antes de que se conocieran los resultados del primer examen, uno de los denunciantes levantó dos actas ante notario. En ellas, hacía constar los nombres y apellidos de ocho personas que creían que iban a aprobar. Y de ellas, seis han pasado la prueba y dos se han quedado fuera por un único fallo.

Los querellantes recordaban que fueron 476 aspirantes los que se presentaron al examen y que tan solo 20 lo aprobaron. "La probabilidad de acierto era mínima si no se tienen unas sospechas fundadas", indicaban en su querella. Al margen de las actas notariales, los denunciantes aportan un anexo en el que precisan las relaciones que supuestamente existen entre estos aprobados y los ocho querellados.

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