Hasta dos estudios de tráfico avalaron que la autopista autonómica sería un negocio rentable. Los encargaron el Gobierno de Marcelino Iglesias y la propia adjudicataria, pero ambos fallaron estrepitosamente y la realidad es que la ARA-A1 tan solo registra el 40% de la circulación prevista. Esto ha provocado uno de los mayores fiascos en la historia de la Administración autonómica, que tendrá ahora que hacer frente a la deuda, en torno a los 40 millones de euros, tras la liquidación de la concesionaria.

Las contratistas Acciona, Brues y Arascón asumieron la construcción y explotación de la infraestructura por 30 años, pero arrastran unas abultadas pérdidas desde que la abrieron a mediados de 2008 con el fin de unir el corredor de Barcelona (N-II y AP-2) con la carretera de Castellón (N-232). Con los ingresos no se puede hacer frente ni a la amortización de la deuda, por lo que la concesionaria, Puente del Ebro S. A., entró en concurso de acreedores a mediados de 2014. Y ante la negativa de la banca a asumir una quita del 50% de la deuda hace ahora una semana en la junta de acreedores, solo queda la liquidación y la asunción por parte de la titular de la infraestructura, la DGA, del coste de las obras aún por pagar.

Los pliegos del concurso establecían una responsabilidad patrimonial de la Administración del 90%, por lo que ahora se deberá pactar un perito entre las partes para que establezca el importe exacto a pagar. Con antelación, la juez deberá oficializar la liquidación de la concesionaria, controlada al 50% por Acciona y participada a partes iguales por Brues y Arascón. Y el reloj empieza a correr en contra de la DGA tras dos años de negociación para intentar salvar a la concesionaria de la quiebra.

Fuentes oficiales señalaron que se pretende recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para no condicionar los presupuestos del próximo año, aunque también cabe la posibilidad de hacer recaer la deuda de 40 millones sobre el fondo de contingencia. En todo caso, se da por descartado que deba asumirla la Consejería de Vertebración del Territorio, porque supondría una verdadera hipoteca: debería destinar un tercio de los fondos de los que dispone este año.

El propio administrador concursal llegó a la conclusión hace dos años de que la autopista estaba "abocada a su disolución y liquidación", salvo un acuerdo entre las partes. Y lo sustuvo con el argumento de que el déficit por la falta de tráfico podría ser estructural y no debido a la crisis.

Los números le han dado la razón, ya que el modelo de negocio se establecía en el cobro de un peaje en sombra por parte de la DGA por cada vehículo que transita. El problema es que las expectativas de tráfico no se han cumplido ni de lejos y la concesionaria registra el 40% de los vehículos previstos. Este hecho, unido al "sobreendeudamiento", han provocado la quiebra a juicio del administrador concursal.

Las contratistas pusieron 13,3 millones y pidieron otros 43 para poder sufragar las obras, pero con los 2,5 millones que perciben al año de la DGA no pueden siquiera hacer frente a las amortizaciones. De hecho, habría que casi triplicar el importe que abona la Administración para equilibrar la concesión sin reducir la deuda por parte de la banca: de 2,5 a 5,9 millones anuales. Aunque el Gobierno PSOE-CHA no estaba dispuesto, cualquier posibilidad de acuerdo quedó anulada en mayo por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que negaba la pretensión de la concesionaria de lograr el reequilibrio económico. La jurisprudencia es contundente en este sentido, lo que ha provocado también la liquidación de las radiales de Madrid y la asunción por parte del Estado de un agujero de 6.000 millones.

La realidad es que la ARA-A1 no atrae en la actualidad ni el tráfico previsto para el primero año de la concesión. De enero a junio se acumula una intensidad media diaria de 3.794 vehículos, que no se acerca siquiera a los 6.500 que se calcularon para 2.008. Entonces, solo circularon 2.776 por esta vía rápida de tan solo 5,3 kilómetros que comunica El Burgo y Villafranca de Ebro.

Aunque los números han mejorado de forma progresiva, con la excepción del 2015 por el cierre de la autopista como consecuencia de su hundimiento por la riada del Ebro y el retroceso de este año, se está muy lejos de los 9.474 vehículos diarios previstos por la DGA.