Ayer concluyó el plazo de audiencia y consulta de la directriz especial de ordenación territorial del Camino de Santiago-Camino Francés a su paso por Aragón. Es el instrumento con el que la Dirección General de Ordenación del Territorio de la DGA pretende mejorar el desarrollo de los pueblos por los que atraviesa el Camino. Y es que de no poner remedio, el tramo aragonés de la Ruta Jacobea marcha indefectiblemente hacia la desaparición.

Según las estadísticas oficiales de la Oficina de Atención al Peregrino de Santiago de Compostela, en el año 2010 eligieron Somport para iniciar su viaje hacia la catedral gallega 1.115 peregrinos. En 2014 fueron 517 y en lo que llevamos de 2017 –un año con récord de afluencia turística– solo 49 personas han emprendido su andadura desde el sumo puerto aragonés. Los datos son demoledores y dan cuenta del abandono institucional de los últimos lustros: insuficiente señalización, carteles rotos, deterioro de pasos, invasión de maleza...

Pero no son esas las únicas amenazas. En Jaca, uno de los puntos más emblemáticos del Camino Francés a su paso por Aragón, la construcción de la variante que ha de conectar las autovías A-21 y A-23 ha suscitado un activo movimiento vecinal de protesta ante las incuestionables afecciones sobre el paisaje y el paisanaje que dicha obra provocará a la entrada del valle del río Aragón. Entre otras infraestructuras que romperán la panorámica que aún podemos admirar desde el paseo de la Cantera, el proyecto prevé tres viaductos, seis pasos superiores y siete pasos inferiores; tres de estos últimos para salvar el Camino de Santiago, sobre el que discurrirá la moderna carretera. Siglos de historia bajo moles de hormigón para hacer el peregrinaje todavía menos atractivo.

La plataforma ciudadana Jaca sin Perder el Norte propone alternativas sostenibles, más baratas y con mucho menor impacto ambiental, contempladas en los estudios previos del propio Ministerio de Fomento, que pueden evitar este nuevo desaguisado. El Gobierno de Aragón tendría algo que decir si, como plantea en las directrices del Camino de Santiago, persigue "la tutela ambiental por medio de la protección activa del patrimonio cultural".