Los juzgados tramitan ya cerca de treinta demandas por despidos de interinos

Las demandas de los funcionarios interinos de Aragón que reclaman cobrar una indemnización por despido han llegado ya a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad. Según los datos recabados por este periódico, su cifra podría rondar la treintena.

A finales del mes pasado se celebró el primero de estos juicios en el juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza. En él se vio la demanda presentada por un empleado público que le reclama a la Administración autonómica una indemnización de 18.000 euros por su cese. El interino trabajó durante doce años en el Servicio Aragonés de Salud como analista programador.

Este juicio generó una gran expectación entre el nutrido grupo de funcionarios interinos de Aragón que se encuentran en una situación similar a la planteada en el juzgado por el trabajador del Salud. Los representantes legales de este colectivo esperan con interés a que se dicte la sentencia ya que, de momento, los pocos fallos que se conocen en España no han coincidido en la interpretación de la ley y han dictado sentencias diferentes.

De momento, lo que sigue aumentando es el número de reclamaciones, paso previo para ir al pleito judicial, que están presentando interinos de todas las Administraciones aragonesas. Las últimas cifras arrojan un número que podría superar las 1.300. La mayoría son de interinos de Educación y han sido tramitadas por los servicios jurídicos de los sindicatos. CGT es la formación sindical que declara haber presentado una cifra más alta: 400. CSIF asegura que ha tramitado 370 (300 de interinos docentes y 70 de sanitarios); CC. OO. ha presentado 300 ante el Departamento de Educación y STEA, alrededor de 160. UGT, por su parte, explicó que el sindicato tiene unas 70 reclamaciones pendientes de presentar, pero que están a la espera de ver cómo se resuelven las que van llegando a los juzgados. A estas habría que sumar las que están tramitando los despachos de abogados.

Estos recursos empezaron a presentarse de forma masiva tras conocerse, hace un año, la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Coruña que reconocía el derecho de un funcionario interino a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado tras acabar su relación laboral con la Administración. Esta sentencia, de momento única en España, invoca la doctrina comunitaria y equipara el cese de este tipo de empleado público eventual a un despido laboral por razones objetivas.