El conflicto del transporte escolar amenaza con un plante al comienzo del próximo curso

El conflicto generado por la DGA al desistir del millonario concurso convocado hace un año para cubrir las rutas escolares de bus en la provincia de Zaragoza y anunciar otra convocatoria amenaza con agravarse. Una decena de empresarios defienden pasar a la acción y hacer un plante al servicio con el inicio del curso, el próximo mes de septiembre, hartos de que la DGA desoiga su petición de que resuelva el primer concurso y acabe así con la situación de interinidad en la que se encuentran las compañías.

La Consejería de Educación no solo ha ignorado sus peticiones, sino que comunicó la semana pasada al sector que las empresas mejor clasificadas en la licitación de 2016 tendrán que seguir asumiendo, por segundo curso consecutivo, las 171 rutas escolares. Para ello, prorrogarán los contratos menores, aunque existen dudas sobre su legalidad, ya que en algunos casos se superarán los 16.000 euros de límite que establece la ley.

El Gobierno de Aragón señaló a este diario que la medida es coyuntural, ya que pretende finalmente convocar el nuevo concurso a principios de 2018 para que los adjudicatarios se hagan cargo de las rutas al siguiente curso, 2018-2019. Esto supone demorar un año sus planes, puesto que el Departamento de Educación llegó a asegurar a principios de enero que iba a licitarlas ese mismo mes, pero sin dar razón de su cambio de parecer aún no lo ha hecho.

Fuentes oficiales se limitaron a señalar el pasado jueves que no pudieron publicar el concurso la pasada primavera porque "no daba tiempo a que la tramitación estuviera resuelta antes del inicio del curso 2017-2018". Por ello, defendieron que la prórroga de los contratos solo persigue "evitar afecciones en el transporte escolar".

Dicha prórroga se comunicará por correo electrónico a las empresas que cubren las rutas, ofreciéndoles continuar con el servicio desde septiembre "hasta la resolución de los contratos derivados de la nueva licitación". De este modo, sin que se haya resuelto el concurso se habrá agotado la mitad del periodo previsto por la Administración autonómica, que englobaba los cursos 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.

Anuncio de medidas cautelares

La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva), la principal del sector, ha advertido a la DGA de que pedirán medidas cautelares con el objetivo de paralizar el procedimiento hasta que se resuelva su recurso contencioso-administrativo, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) hace dos semanas. Además, los empresarios solicitarán una cuantiosa indemnización por daño patrimonial. "Lo que se está haciendo es una barbaridad, un claro ejemplo de inseguridad jurídica. Hay jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo a este respecto", añadieron.

El sector del transporte por carretera decidió recurrir en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) a principios de año, solo unos días después de que se publicara en el Boletín Oficial del Aragón (BOA) la resolución del desestimiento del primer concurso, firmada por la directora del servicio provincial de Educación.

Tras evaluar los dos criterios de la Consejería para desistir, la imposibilidad de cuantificar el consumo de combustible debido a que los licitadores aportaron datos no comparables y la propia contradicción de los pliegos en la valoración de la antigüedad de los vehículos, el Tacpa acordó desestimar los recursos en marzo. Aetiva presentó un nuevo recurso en mayo ante el TSJA, que lo admitió a finales de julio.

Contratos de "dudosa legalidad"

El abogado de Aetiva, Clemente Sánchez-Garnica, consideró "absolutamente vergonzoso" que la DGA no haya convocado siquiera la nueva licitación y pretenda que las compañías sigan prestando "en precario" el servicio otro curso escolar más. "Recurrir a contratos menores es de dudosa legalidad. Y el hecho de no licitar es una irresponsabilidad y una falta de diligencia. Es alucinante que la Administración no haya hecho nada desde el mes de marzo. No lo había visto en mi vida y alguien será resposable", criticó.

Varios empresarios consultados por este diario se mostraron muy críticos con la postura de la Administración, ya que provocará daños irreparables. Así, apuntaron que hubo compañías que compraron autocares para ganar rutas, otras los vendieron al perder las que explotaban e incluso se ha dado el caso de una empresa que absorbió otra que se iba a quedar con cinco rutas. "No entendemos la actitud de la DGA. Hemos actuado hasta ahora con delicadeza y hemos asumido las rutas en precario porque se trata de niños, a pesar de que no se haya resuelto el concurso en un año. Es una vergüenza que se pretenda ahora prorrogar la situación", añadieron.