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El PP dice ahora que hay "riesgo de trasvase" del Ebro y rechaza el plan catalán que avala Madrid

Ha presentado una iniciativa que se debatirá hoy en el pleno de las Cortes junto con otras tres de PSOE, PAR y CHA.

Hace menos de tres semanas, el PP aragonés negó la mayor y defendió que los nuevos planes hídricos de Cataluña no implicaban ningún peligro de trasvase del Ebro. Es más, su presidente, Luis María Beamonte, llegó a acusar al jefe del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, de inventar esa amenaza y crear "alarma social" para desviar la atención de su gestión al frente de la DGA, pero ahora los populares han dado un importante giro. En una iniciativa que se debatirá hoy en el pleno de las Cortes, los populares hablan de "riesgo" de "un posible trasvase", al tiempo que expresan su rechazo al nuevo plan de las cuencas internas catalanas, al que el Ministerio de Medio Ambiente dio recientemente su visto bueno con la oposición del Gobierno aragonés.

La proposición no de ley del grupo del PP fue registrada el pasado 5 de abril, solo seis días después de que Beamonte mantuviera un duro enfrentamiento con Lambán en su primer cara a cara parlamentario. El presidente compareció para explicar las medidas adoptadas por la DGA ante el intento de Cataluña de disponer de agua del Ebro, esta vez esgrimiendo la necesidad de abastecer a cuatro municipios situados fuera de la cuenca. La infraestructura proyectada solo sería, a su juicio, un primer paso para un trasvase a gran escala al área metropolitana de Barcelona.

El Ejecutivo PSOE-CHA sustenta sus sospechas en el déficit hídrico del sistema Ter-Llobregat –que abastece a la Ciudad Condal y su entorno– reconocido por Cataluña en su plan de las cuencas internas, por lo que la Generalitat prevé contar para paliarlo con "recursos externos" que no concreta en el documento.

Ante las afirmaciones de Lambán, Beamonte le acusó en sede parlamentaria de "engañar a los aragoneses", al tiempo que defendió que el plan catalán "no contiene ningún trasvase", alineándose así con las tesis del Gobierno central, que le dio el visto bueno hace un mes en el Consejo Nacional del Agua.

"Amenaza" de la Generalitat

Ahora, en un claro cambio de estrategia, el grupo parlamentario del PP en las Cortes plantea que el Ejecutivo aragonés se dirija a la Generalitat "y plantee las medidas jurídicas y políticas necesarias para mostrar su rechazo al plan". Los populares advierten, en este sentido, de "la amenaza que una vez más plantea el Gobierno de Cataluña asumiendo competencias que no le son propias". Además, la proposición de ley insta a Javier Lambán a pedir al Gobierno central que manifieste "de manera clara" la caducidad de la autorización que en 2010, bajo el mandato de Zapatero, otorgó el Ministerio de Medio Ambiente a Cataluña para trasvasar hasta 0,62 hectómetros cúbicos al año desde el Segre (afluente del Ebro) a los cuatro municipios fuera de la cuenca, alegando problemas de abastecimiento. Como recuerda el PP, el Ejecutivo autonómico, presidido entonces por el socialista Marcelino Iglesias, hizo un informe favorable para esta transferencia, pero los actuales responsables de la DGA consideran que ya no está vigente porque no se dan las circunstancias que justificaron ese permiso "temporal" y sujeto a condiciones.

Los populares aragoneses también han sostenido, desde que se conoció el proyecto de la Generalitat, que este "no tiene soporte legal" porque el Gobierno central no ampara esa transferencia –para la que la Confederación Hidrográfica del Ebro aún no ha resuelto la concesión de caudales–. Pero no se habían reclamado expresamente anular la autorización.

La iniciativa del PP se debatirá conjuntamente con otras tres presentadas por PSOE, PAR y CHA. Mientras los aragonesistas –que al igual que los populares aprovechan para reclamar las obras pendientes del Pacto del Agua– reclaman que Madrid "revise" el permiso dado en 2010, los socios de gobierno van más allá y coinciden con el PP en reclamar a Madrid que lo denieguen. Todos invocan, asimismo, el principio de unidad de cuenca. CHA pidió ayer que el Parlamento dé "una respuesta rotunda, coherente y unida ante esta y cualquier nueva amenaza de trasvase".

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