Aragón tendrá su plan contra la despoblación en otoño, pero aún debe concretarse su financiación

Extensión de la banda ancha y su reconocimiento como derecho, creación de una plataforma de servicios de movilidad a la demanda, líneas de financiación especial para iniciativas que se implanten en determinadas municipios, apoyo a las pymes del sector asistencial, una red de escuelas infantiles, bonificaciones fiscales y un fondo de cohesión territorial. Estas son solo 7 de las 350 medidas específicas del plan contra la despoblación que ultima el Gobierno tras un año de trabajo y un proceso de participación en el que se ha dado voz a más de 175 implicados en el territorio. Si el calendario se cumple, el documento estará listo en mayo para su exposición pública con el objetivo de aprobarlo de forma definitiva en la primera semana de octubre.

Lo que aún está por valorar es su coste y concretar la financiación con la que se contará a partir del próximo año para revertir la sangría que sufre el entorno rural y, de forma paralela, gestionar esta realidad. "No solo es cuestión de repoblar ni todo se reduce a un cuestión económica, sino de tener muy claro lo que queremos hacer y coordinarnos todos los actores públicos y privados", aseguró ayer el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, antes de reunir a diputados de todos los grupos parlamentarios para presentarles el borrador y mantener el último de los diez talleres que se han organizado por la Comunidad para recoger aportaciones de los implicados.

El documento recoge en un primer tomo un exhaustivo análisis de la despoblación, en el que se alerta, además, de que Aragón se ha convertido en la segunda región europea con más sobreenvejecimiento. El problema se agudiza con el hecho de que 42 municipios carezcan de población menor de 20 años y en que otros 359 tengan un índice de envejecimiento igual o superior a 300. Como la tasa de natalidad (1,35 hijos) imposibilita reponer la población que fallece, se incide en la necesidad de propiciar "adecuadas condiciones de acogida de inmigrantes" porque suponen una alternativa "imprescindible" a corto y a medio plazo.

Para afrontar esta realidad, la DGA recoge medidas pensadas precisamente para asentar la población existente y generar actividades con las que garantizar su calidad y atraer, al mismo tiempo, habitantes. En esta línea, el plan recoge la financiación a pymes del sector de la salud y asistencia personal "para la puesta en el mercado de nuevos productos y servicios", la creación de un programa específico de cuidados a personas mayores y otro de viviendas tuteladas. Tampoco se olvida de plantear la apertura de las escuelas infantiles que sean necesarias para garantizar la conciliación de las familias.

La ambición del Ejecutivo autonómico es generar oportunidades, para lo que aspira a convertir la Comunidad en proyecto piloto europeo en la implantación de la quinta generación de la telefonía móvil en tres años. En el capítulo de nuevas tecnologías, también se pretende "acelerar y mejorar la digitalización" para acabar con la actual brecha, fomentar el "internet de las cosas" y extender la telesalud donde haya dificultades de accesibilidad.

El transporte es otro de los pilares del plan, que apuesta por el servicio a la demanda, la integración de rutas escolares y rurales de bus y la movilidad "colaborativa". El consejero Soro también hizo hincapié en la necesidad de crear ya el Fondo de Cohesión Territorial y medidas que permitan una discriminación positiva en términos de cofinanciación de fondos estructurales.