La DGA crea un equipo de expertos para frenar la amenaza de trasvase a Cataluña

El Gobierno de Aragón está decidido a desplegar toda su maquinaria para frenar los planes trasvasistas de Cataluña, que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, calificó ayer de "inadmisibles". Lo hizo después del Consejo de Gobierno en el que se acordó crear un equipo técnico multidisciplinar que se dedicará a "vigilar" cualquier paso del Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o la Generalitat "que pudiera facilitar, directa o indirectamente, transferencias de aguas presentes o futuras" a las cuencas internas catalanas.

La amenaza más inmediata es el proyecto para abastecer con agua del Segre a través del canal Segarra-Garrigues a una treintena de municipios, cuatro de ellos situados parcialmente fuera de la cuenca del Ebro. El grupo creado por la DGA hará un especial seguimiento de las autorizaciones u obras relacionadas con este plan, que Aragón teme que pueda ser el inicio de otro mucho más ambicioso para acabar trasvasando agua al área metropolitana de Barcelona.

No en vano, la planificación de las cuencas internas catalanas para el periodo 2016-2021 –recientemente aprobado con la oposición de la DGA– reconoce un déficit en el sistema que suministra a esta zona, sin decir cómo piensa resolverlo, algo que para el Ejecutivo de Lambán resulta "especialmente grave". Por su parte, la Generalitat ha negado en los últimos días que pretenda contar con agua del Ebro para paliar esas carencias.

El Ejecutivo quiere poner en marcha el equipo multidisciplinar en cuestión de días, y serán los departamentos de Presidencia y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad los encargados de coordinar a los especialistas que lo integrarán. A falta de designar a sus miembros, sí se ha determinado que habrá expertos en el ámbito jurídico-administrativo, en ingeniería hidráulica para transporte, riego y abastecimiento, y en materia de evaluación ambiental. Para ello, también se implicarán el Instituto Aragonés del Agua y el Inaga. La idea es contar con un cuerpo de técnicos bajo la dirección política de las citadas consejerías.

Joaquín Olona explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta decisión se adopta para responder a la "obligación" marcada en el Estatuto de velar para que no se produzcan trasvases desde las cuencas aragonesas. "No son cuestiones subjetivas o de valoraciones de carácter personal, es una obligación estatutaria", incidió, en referencia al mandato para que el Ejecutivo autonómico defienda los derechos de las generaciones presentes y futuras en relación con el uso sostenible del agua y la unidad de cuenca.

Autorización "nula"

Y a juicio de la DGA, esta unidad de cuenca queda hipotecada por la reactivación por parte de Cataluña del proyecto para abastecer a pueblos fuera de la demarcación del Ebro. Por ello, el nuevo equipo asesor evaluará las obras que la Generalitat pretenda acometer basándose en la orden ministerial de octubre de 2010 que autorizó esa transferencia de 0,62 hm3 anuales desde el Segre de forma "temporal" y "transitoria" hasta que se buscaran alternativas dentro de las propias cuentas internas. La Comunidad vecina paralizó el proyecto y ahora el Gobierno de Aragón –que entonces emitió un informe favorable, aunque condicionado– sostiene que ese permiso está caducado y considera que podría ser "nulo de pleno derecho".

Entiende la DGA que cualquier obra amparada por esa autorización "se realizaría en precario y sin los adecuados mecanismos de control para supervisar y garantizar las condiciones en que se efectúa la transferencia de caudales".

Por ello, el Ejecutivo que preside Javier Lambán también acordó ayer habilitar a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que ejerza "todo tipo de acciones" en relación a la citada orden ministerial y a las concesiones o autorizaciones para obras que se intenten fundar en ella.