El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Gobierno de Aragón que regularice sus pagos pendientes con el Ayuntamiento de Zaragoza, derivados de las obligaciones comprometidas con el Consistorio para la financiación de la inversión del tranvía.

Así lo indica en el Informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Zaragoza, que firma el presidente de este órgano de fiscalización, Ramón Álvarez de Miranda García, que está fechado el 26 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press.

Este informe responde a la solicitud de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, realizada el 25 de junio de 2013, para que el órgano fiscalizador analizara las inversiones y los gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga.

Hasta el 31 de diciembre de 2014, los costes totales en que han incurrido el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno regional por la preparación, ejecución y explotación de la línea del tranvía ascienden a 114.507.221 euros en concepto de aportaciones por inversión y a 30.538.286 por la explotación.

En el apartado de conclusiones, el órgano fiscalizador expresa que "se produjeron ciertas demoras" en el pago por la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de algunas cantidades que esta Administración local debía pagar a la sociedad mixta del tranvía. A 31 de diciembre de 2014 el Ayuntamiento había pagado 99.008.415 euros por subvención de capital, y en esa misma fecha tenía pendiente de recibir del Ejecutivo regional 24.750.000 euros, lo que en junio de 2016 todavía no había reconocido presupuestariamente. SOCIEDAD MIXTA

En el informe, el Tribunal de Cuentas señala que el Ayuntamiento debería instar a la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza a presentar en plazo las solicitudes de revisión de precios, de manera que no se demore su tramitación respecto de los periodos a los que se refieren tales revisiones.

También, propone que la sociedad mixta realice anualmente auditorías de ingresos por demanda a las que hace referencia el pliego de claúsulas Administrativas Particulares del contrato, y a que desarrolle una herramienta para el cálculo de todos los indicadores de medición directa con el fin de evaluar la calidad del servicio en comparación con las condiciones técnicas igualmente proyectadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas considera que antes de la toma de decisiones y la ejecución de grandes infraestructuras, las Administraciones públicas deberían asegurarse de que tienen recursos suficientes para financiarlas y mantenerlas "sin comprometer el equilibrio financiero de las entidades responsables de su pago".

Los estudios y trabajos previos deben solicitarse "de manera ordenada y coherente" para obtener el mayor rendimiento, evitando posibles duplicidades o la realización de trabajos innecesarios. RIGOR

El órgano fiscalizador estima que las Administraciones deberían actuar con "un mayor rigor" en las fases de preparación y adjudicación de contratos, en particular los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los expedientes de los contratos que se formalicen. Ha subrayado que deberían incluirse los criterios de adjudicación "con claridad y precisión" respetando los principios de publicidad, transparencia y objetividad.

En los informes técnicos debería explicarse y motivarse "suficientemente" la valoración de las ofertas de los licitadores en todos sus términos, de modo que pueda verificarse de forma adecuada y transparente que las puntuaciones han sido otorgadas con sujeción a los principios de objetividad y transparencia.

También han indicado que cuando varíen las unidades de obra en la ejecución de grandes infraestructuras, aunque no se altere el equilibrio económico-financiero del contrato, "debería justificarse suficientemente y delimitarse su alcance con precisión al objeto de acreditar que no constituyen modificaciones de los términos inicialmente acordados en los contratos formalizados".

Tayectoria

El tribunal recuerda que en los años 90, debido al crecimiento de la movilidad en la ciudad de Zaragoza, se realizaron varios estudios, uno de los cuales, fechado en 1992, aludía a las dificultades que supondría implantar este servicio por la inversión necesaria y advertía de los costes de explotación que conllevaría.

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento firmaron el 26 de febrero de 2004 un protocolo de colaboración para impulsar, entre otras, esta infraestructura. El tribunal alerta de algunas "incidencias e irregularidades" en varias asistencias técnicas contratadas por el Gobierno regional, en alusión a la "insuficiente justificación" de la necesidad de la contratación, la falta de control de la legalidad de algunos contenidos del pliego de cláusulas administrativas y el "indebido" desglose de las ofertas.

También expone que se produjo "un empleo deficiente de las actuaciones llevadas a cabo" y detecta "incidencias" como la insuficiente concreción de algún criterio de adjudicación o la falta de aprobación de la prórroga solicitada por el contratista de una asistencia técnica para el Ayuntamiento. El tribunal señala que el pliego de cláusulas (PCAP) presentaba "carencias e indefiniciones en determinados aspectos".

El proyecto de licitación presentado por el grupo adjudicatario incorporaba una serie de mejoras al proyecto de referencia "sin que se detallara el alcance de las mismas ni los extremos en que diferían de este, por lo que no se ha podido comprobar que el incremento del presupuesto se debiera a estas mejoras". Ha hecho notar que los importes de algunos capítulos incluidos en el presupuesto completo de la obra variaron respecto a los que figuraban en el proyecto aprobado con anterioridad.

Se ha remitido este informe a la Presidencia del Senado, la Presidencia de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, las Presidencias de las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico, así como al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.