La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros ha decidido procesar al pakistaní Muhammad A. por los presuntos abusos sexuales continuados a los que sometió a un joven discapacitado de Tauste. A este delito la juez añade el de extorsión, ya que la víctima, avergonzada, se vio obligada a pagar al agresor para que no contara en el pueblo lo ocurrido.

Según el auto de procesamiento, la detención del inmigrante se produjo el pasado mes de mayo, después de que los padres del discapacitado –que tiene reconocido un retraso mental del 48% desde el año 2012– supieran por boca de su hijo de lo sucedido y denunciaran los hechos ante la Guardia Civil. El relato de la víctima y las pesquisas iniciales de los investigadores fueron suficientes para que la juez decretara entonces el ingreso en prisión provisional del presunto agresor, medida que ahora también ha confirmado.

Para la instructora del caso, de las pruebas practicadas hasta la fecha –que incluyen, además de la declaración del perjudicado, informes forenses, valoraciones psicológicas y el estudio de varios teléfonos móviles, así como de una tablet– se desprende que Muhammad A. se aprovechó de la discapacidad del joven para llevar a cabo los presuntos abusos. Y lo hizo, parece, en distintas ocasiones: al principio, llevaba a la víctima a un local ubicado en la planta baja de un edificio conocido en Tauste como La Meca. Después, el hombre se sirvió del trastero de su vivienda –que no tiene luz, ni natural ni artificial– para continuar agrediendo sexualmente al discapacitado.Chantaje a través de Whatsapp

Según la investigación policial, al ahora procesado y a la víctima nunca se les veía juntos por el pueblo. De hecho, parece que el presunto agresor solía cerrar los encuentros con el joven enviándole mensajes de Whatsapp al móvil. Sirviéndose de este mismo medio, el inmigrante –al que representa Carmen Sánchez y que reside ilegalmente en España desde hace 9 años– chantajeó a la víctima para que cada cierto tiempo sacara dinero del cajero para dárselo.Los forenses no hallan lesiones físicas ni psíquicas

Basándose en el informe emitido por los médicos que asistieron a la víctima en el servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Zaragoza, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) llegaron a la conclusión de que el discapacitado no sufrió lesiones físicas como consecuencia de los abusos. En cualquier caso, de las pesquisas practicadas a lo largo de la instrucción, la juez concluye que existen indicios de que el agresor llegó a penetrar al perjudicado sin su consentimiento.

Dos especialistas del IMLA examinaron también al denunciante para comprobar si los presuntos abusos sexuales le habían afectado psicológicamente. Y, tras practicarle varias pruebas, emitieron un informe en el que dicen que no se aprecian daños psíquicos derivados de estos hechos.

Lo que sí que detectaron las psicólogas en el joven fue una sintomatología ansiosa vinculada al descubrimiento de los abusos. De hecho, este nerviosismo obligó a someter al paciente a tratamiento.