El Gobierno de Aragón se encuentra en pleno proceso de regularización de las plazas de secretario-interventor, tras detectar irregularidades en 61 municipios. El objetivo de este plan es conseguir que estos puestos sean ocupados por profesionales habilitados para ejercer esa función, o interinos, con nombramiento oficial.

Esta era una solución demandada por los colegios profesionales de la Comunidad, que confían en que se solucione esta situación, que responde a la "realidad municipal aragonesa", con numerosas localidades con menos de 500 habitantes censados. Para la Dirección General de Administración Local del Ejecutivo autonómico la situación alegal en la que se encontraban muchos consistorios en relación a estos puestos de trabajo es un "grave problema" que puede acarrear "serias consecuencias" a los Ayuntamientos.

Entre algunos casos irregulares detectados están los de auxiliares administrativos ejerciendo funciones de secretarios-interventores, agrupaciones en proceso de disolución con profesionales sin habilitación legal o personas sin nombramiento que acuden al Ayuntamiento a prestar estas tareas. El director general de Administración Local, Sergio Pérez, reconoció que estas deficiencias "se habían ido perpetuando en el tiempo". De hecho, hay poblaciones pequeñas, con un presupuesto reducido, que son "incapaces de mantener" el gasto. Muchas se unen en agrupaciones para, entre todas, pagar su sueldo. También existen otras localidades en las que la plaza de secretario estaba de forma irregular por razones históricas: "Hay casos en los que, en su momento, había un habilitado de carácter nacional, se marchó y bien nadie pidió ese puesto o se cubrió con gente que no tenía la titulación específica".

"En agosto del año pasado iniciamos un proceso para detectar aquellos lugares en los que el secretario no era habilitado o no había sido nombrado de forma legal", resumió Pérez. Tras un exhaustivo estudio, la DGA se puso en contacto con los representantes municipales. "Fueron muy receptivos. Les dijimos que el secretario no era secretario, lo que podía conllevar problemas de legalidad", afirmó. El director general aclaró que, en general, se trataba de "situaciones irregulares que no eran buscadas", pero que se habían ido manteniendo.

La dirección general envió requerimientos para regularizar la situación a 61 Ayuntamientos aragoneses (32 de la provincia de Teruel, 20 de Zaragoza y 9 de Huesca). Para solucionar el supuesto de las plazas ocupadas por contratados laborales se optó por conseguir su legalización mediante un nombramiento accidental. Otro de los problemas detectados, el de las agrupaciones que no funcionaban como tal, Administración Local decidió disolverlas y, tras su publicación en los boletines de la provincia, constituir unas nuevas.

Hay localidades que ya han legalizado su situación (como Cantavieja o Encinacorba) mientras que otras están en proceso de tramitación (es el caso de San Martín del Río, que se une a Manchones y Murero).

Relación con la despoblación

Desde el Consejo Autonómico de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Aragón, que representa a 220 profesionales aproximadamente, observan una relación directa entre la falta de profesionales cualificados para ocupar estas plazas en algunos municipios con su despoblación.

El problema del sector se agrava, de hecho, en aquellas comarcas con mayor número de municipios pequeños y dispersos. Sergio Ibarz, presidente de este colectivo y máximo responsable en Zaragoza, indicó que tiene compañeros "que llevan hasta cinco municipios, que es una locura, porque desde 2013, con la famosa ley de racionalización, estamos colapsados con el trabajo". Los secretarios de las agrupaciones reparten sus funciones en los distintos pueblos por días o, incluso, por franjas horarias.