La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, ha defendido este miércoles la decisión del Gobierno autonómico de sacar a concurso público el servicio de asistencia jurídica gratuita a mujeres víctimas de la violencia de género. Ha comparecido ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes regionales.

"Mi compromiso es con las mujeres y con nadie más; ni entidades, ni empresas ni colegios profesionales", ha asegurado Salvo tras escuchar las críticas ante esta medida del Ejecutivo aragonés.

La directora del IAM ha vuelto a defender que fue necesario dejar de prestar este servicio mediante procedimiento negociado con los colegios de abogados de Aragón y sacarlo a concurso como consecuencia de "la entrada en vigor de una directiva europea de obligado cumplimiento".

Además, "el Tribunal de Contratos de Aragón ha dicho que hemos utilizado el procedimiento adecuado y hemos operado de acuerdo a la legalidad", por lo que "todos los alegatos que han esgrimido en contra aquí hoy no son ciertos".

Respecto a la relación actual con el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, que como consecuencia de esta medida tomó la determinación de dejar de prestar también el servicio de guardia jurídica para víctimas de violencia doméstica, Salvo ha explicado que "les hemos animado a presentarse al concurso de asesoría jurídica y a negociar respecto a la guardia jurídica" y "les vamos a seguir tendiendo la mano, pero respetando las leyes y las normativas, porque nuestro único compromiso es con las mujeres", ha insistido.

Respecto a lo que va a ocurrir con estos servicios, ya que el concurso quedó desierto y se han puesto en marcha contratos menores para seguir prestándolos hasta agosto, la responsable del IAM ha asegurado que "estamos trabajando para que su funcionamiento sea exquisito porque son recursos fundamentales".

Ha destacado que "hemos incrementado el presupuesto para el servicio de guardia alrededor de un 30% en Huesca y Zaragoza, así como un 66% en Teruel. Por otro lado, la asesoría jurídica ha pasado de 41 a 45 euros la hora, para asegurar que se presta con dignidad y calidad". "Incertidumbre"

Desde el grupo solicitante de esta comparecencia, la diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, se ha mostrado preocupada por la "situación de incertidumbre que viven" estos servicios, sobre los que "absolutamente todos los grupos coincidimos en que la labor de los colegios de abogados se venía desarrollando con profesionalidad, acierto y calidad".

En su opinión, "si esta situación la hubiera provocado el PP o el PAR, los titulares hubieran ido en otra dirección mucho más dramática" y ha sugerido a Salvo que "debería haber sido más valiente y haber puesto a su equipo a trabajar en un contrainforme" que defendiera la prestación del servicio tal y como se venía haciendo hasta ahora.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Fernando Ledesma ha cuestionado "la competencia y capacidad" de Salvo para resolver este asunto "a la vista de los hechos y el resultado que estamos viendo" y le ha pedido que aclare "la solución que se va a tomar para continuar el servicio a partir del agosto", cuando acabe el contrato menor.

También le ha pedido que se pregunte por qué los colegios de abogados han renunciado a cubrir el turno de guardia, ya que, en su opinión, se debe a que "ellos no han sentido esa mano tendida de la que hablan y quizás es momento de volver a construir puentes".

Sin embargo, para la diputada del PSOE, Pilimar Zamora, "no hay mayor sordo que el que no quiere oír", porque "pese a los esfuerzos, no nos conseguimos hace entender". En su opinión, algunos grupos "están jugando a confundir" e "intentan sacar rédito político de un proceso de contratación, mientras piden pactos de Estado".

Esta diputada ha reiterado que la decisión tomada se basa en "la entrada en vigor, el pasado mes de abril, de una directiva europea de obligado cumplimiento", además de que "el Tribunal de Contratación Pública de Aragón avala esta decisión", mientras que "ha quedado clara la voluntad política de mantener a los colegios de abogados como mantenedores de estos servicios".

"Es un error grave atender a criterios meramente técnicos, como son los de la Intervención de la DGA", en un "servicio esencial que no debe mercantilizarse", según la parlamentaria de Podemos, Amparo Bella, para quien "el Gobierno, a pesar de la crítica de todos los sectores y la inexistencia de un problema, ha generado un conflicto grande".

También le ha recordado que "la directiva europea en la que se arroga el Gobierno" para defender su decisión "contempla la excepcionalidad", lo que le hubiese permitido "defender que estos servicios a las mujeres fueran públicos". "Espero que estén reflexionando sobre por qué el proceso de licitación quedó desierto", ha dicho.

Por su parte, Javier Martínez, de Ciudadanos (C's) ha calificado esta decisión como "desafortunada y difícil de entender", porque, aunque hayan "tomado precauciones para que sea legal, lo único que no hay que hacer en un tema como este es generar incertidumbre, porque puede influir en cada caso".

Además, se ha preguntado si el cambio planteado va a suponer alguna ventaja, cuando era un servicio que "no generaba ningún problema" y que, "según como se preste, puede tener graves consecuencias". "La lucha contra la violencia de género es un tema de Estado y no es menester correr ningún riesgo porque nos la estamos jugando", ha indicado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin (IU) se ha mostrado convencida de que el Departamento "está preocupado por todo lo que concierne a las mujeres víctimas de violencia", pero lo ocurrido con este servicio, "aunque se ajuste a derecho, es una mala decisión política y usted forma parte activa de ella".

Por ello, ha preguntado a Salvo "cómo van a solventar este problema", ya que, "que el concurso haya quedado desierto, ha generado un problema grave". Según Luquin, "no se puede privatizar el servicio", y ha opinado que el Departamento se debería "reunir con los colegios de abogados para valorar la posibilidad de poner en marcha un convenio".