El bloqueo inversor del Gobierno de Aragón ya tiene su reflejo en la nula contratación autonómica. En el primer trimestre únicamente se ha adjudicado la construcción de dos colegios de Zaragoza, cuyo importe asciende a seis millones de euros. El resto de los 1.271 contratos firmados en el primer tramo del año por el Ejecutivo PSOE-CHA y sus organismos autónomos corresponden a suministros, servicios y gestión de servicios públicos, que suman en total casi 47 millones. Es decir, las inversiones no llegan a representar ni un 13% del gasto autonómico.

Los datos se pueden consultar desde la semana pasada en el Portal de Transparencia de la DGA, en el que se detallan las empresas adjudicatarias, los departamentos y organismos licitadores y los importes de los 1.271 contratos que se ha adjudicado entre enero y marzo. En el listado se discrimina entre los 578 que tuvieron un procedimiento abierto y los 693 contratos menores. En este último bloque se incluyen aquellos encargos que por su limitada cuantía permitió elegir de forma directa a los proveedores. De hecho, el de mayor importe de todos, que corresponde a unos "trabajos en cubiertas de cobre de varios edificios", asciende a 47.016 euros.

El análisis pormenorizado revela que únicamente se han puesto en marcha dos inversiones, las obras del nuevo colegio de infantil y primaria Cuarte III y un aulario de infantil de nueve unidades para el centro Zaragoza Sur. La primera se ha adjudicado a Sacyr por 4,4 millones y la segunda, al grupo aragonés MLN por otros 1,6 millones.

Retención del gasto

La situación aún es más preocupante si se tiene en cuenta que el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha retenido el gasto de las ya exiguas partidas de inversiones del presupuesto en 20 millones de euros. Esto se une al recorte previo en el primer presupuesto del gabinete PSOE-CHA, que ha retrotraído las inversiones a niveles de hace dos décadas, dejando este capítulo en 375 millones. La justificación dada en la tramitación de las cuentas para 2016, que se ha venido repitiendo desde entonces como un mantra, es que la prioridad del Gobierno es el gasto social.

Su traducción a la realidad es muy sencilla: las carreteras recibirán poco más del dinero necesario para su conservación, sin que se hayan incluido mejoras de relevancia, la construcción de nuevos centros de salud está bloqueada y los demandados hospitales de Alcañiz y Teruel siguen a la espera. De hecho, estos dos últimos equipamientos solo cuentan con partidas mínimas para licitar las obras este año, tal y como se ha comprometido el presidente, Javier Lambán.

Ni siquiera el Departamento de Educación se libra de este panorama. Aunque se han adjudicado los dos citados colegios, el anunciado plan de infraestructuras aún no se ha presentado. La consejera, Mayte Pérez, ha llegado a comprometer en las Cortes de Aragón la construcción de 19 nuevos centros y la mejora de otros 16 existentes a lo largo de la legislatura, pero su financiación continúa en el aire, sin concretarse lo más mínimo, cuando se va a cumplir un año de legislatura, como han recordado los grupos parlamentarios de la oposición.

Si se amplía el criterio del análisis de los contratos, se podrían incluir un puñado de contratos menores para acometer reparaciones y acondicionamientos en edificios e instalaciones públicas, que suman otros 154.644 euros. En esta acotada lista se incluyen los citados trabajos en cubiertas de cobre (47.106 euros), la sustitución de un pararrayos en la Universidad de Zaragoza (25.000), el acondicionamiento de la Casa Blanca de Teruel (23.023), la adecuación de la hospedería de San Juan (18.619), el arreglo del petril de una cubierta en Calamocha (17.139), la adecuación de un edificio (13.396), la reparación de los depósitos autonómicos de sal (7.169) y de una avería en el campus del Actur (3.282).

Suministros y servicios

El escaso margen de los departamentos de la DGA se traduce en que el 62,4% del importe adjudicado en el primer trimestre haya ido a suministros. Los contratos oscilan entre los 37 euros y los 2,47 millones y casi en su totalidad fueron firmados por el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En la retahíla de 462 contratos consta fundamentalmente la adquisición de alimentos, material sanitario y productos de limpieza.

Otro 14% corresponde a los contratos de servicios. Se firmaron 105, con un importe medio de 63.784 euros. En la lista consta desde la modificación de una aplicación informática para el servicio de Juego (para la que se fichó a Aragonesa de Servicios Telemáticos por 1.813 euros) hasta el servicio de punto de encuentro familiar de Zaragoza (gestionado por la asociación del mismo nombre por 640.000 euros).

También llama la atención de que 139 de las adjudicaciones abiertas corresponden a procedimientos negociados, una modalidad de contratación recogida en la ley a la que la Administración recurre habitualmente para asuntos de menor importe económicos. El importe de todos ellos suma 8,8 millones de euros, casi una quinta parte de las adjudicaciones firmadas entre enero y marzo de este año.