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La Confederación expedienta a 29 municipios por verter agua sin depurar a los ríos

Los ayuntamientos recurren y culpan al Gobierno de Aragón y al propio Ministerio de que no haya depuradoras.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha abierto expediente sancionador contra 29 ayuntamientos aragoneses por verter aguas residuales sin depurar a los ríos al carecer de este tipo de instalaciones. De ellos, 14 son del Pirineo y el resto de las provincias de Zaragoza y Teruel. La situación es especialmente grave en el primer caso: en 1993 se declaró de interés general el saneamiento de los ríos pirenaicos de alto interés turístico y paisajístico pero, pasados 23 años, las estaciones depuradoras todavía no se han construido. Su ejecución y financiación correspondía al propio Ministerio de Medio Ambiente, al que pertenece la CHE, pero la encomendó al Gobierno de Aragón mediante la firma de un convenio dotado con 165 millones de euros que se ha gastado en otras obras del ciclo del agua.

Los primeros en denunciar los expedientes sancionadores, hace una semana, fueron los alcaldes de Canfranc y Villanúa, que los consideraron "una tomadura de pelo", ya que esas dos administraciones suscribieron un convenio para ejecutar las instalaciones entre 2008 y 2015 y todavía no están hechas. Ahora se ha sabido que no son casos aislados. La CHE también ha incoado expedientes contra Aínsa, Boltaña, Benasque, Sallent de Gállego, Panticosa... y así hasta 14 localidades incluidas en el Plan Integral de Depuración del Pirineo, que contemplaba casi 300 actuaciones y de las que apenas se ha ejecutado una veintena.

Los expedientes se empezaron a tramitar en enero, una vez caducado ese convenio. Los procedimientos son contra municipios cuya carga contaminante supera los 2.000 habitantes equivalentes, aunque también hay alguno de más de 500, según confirmaron fuentes de la CHE, que declinaron ofrecer la lista de ayuntamientos por la Ley de Protección de Datos. Los ha incoado el Área de Control de Vertidos y son por una posible infracción "leve". Se motivan en "el vertido de aguas residuales en condiciones inadecuadas, no estando sometido a depuración adecuada ni tener constancia en esta Confederación de la redacción de un proyecto que prevea la construcción de estación depuradora en plazo determinado". Al mismo tiempo se requiere a los ayuntamientos para dotar de una depuración adecuada.Un "despropósito"

Los afectados ya han presentado alegaciones y lo consideran "un despropósito". Se quejan de que han acabado pagando los platos rotos, cuando la depuración en el Pirineo es competencia del Ministerio, que a su vez la delegó a Aragón. Abonan además un canon de vertido que, según la CHE, es por arrojar aguas ya saneadas. "Si no hay depuradora, no es culpa nuestra", afirmó el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP). "¿Cómo nos puede denunciar la CHE cuando es su ministerio el que debía gestionar esas obras?", se preguntó.

Gericó reprochó al organismo de cuenca que exija mantener las aguas de los ríos limpias, cuando tiene muchos cauces abandonados y hace una gestión "deficiente" de los embalses. "El de Lanuza está medio vacío 10 meses al año", añadió. También se preguntó qué ocurrirá hasta la ejecución de las depuradoras, todavía sin fecha de inicio: "¿Nos abrirán un expediente tras otro?".

Por su parte, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo (PSOE), lamentó que el tema sea "una continua fuente de problemas". La situación es ya "insostenible", dijo. "Los ayuntamientos no tenemos la competencia, dejamos en manos de la DGA las obras y además hizo unos proyectos que no se adecuaban a nuestras necesidades", concluyó.

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