El Consejo de Gobierno ha acordado la firma de cuatro convenios con otras tantas sociedades de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) a efectos de reconocimiento y compensación de deudas por un importe conjunto de 25,9 millones de euros.

Se trata de una operación de ajuste contable entre la Administración general de la Comunidad y su sector público que no conlleva ninguna aportación económica con cargo al Presupuesto, según han indicado desde el Ejecutivo aragonés.

Los convenios autorizados este martes tienen por objeto el reconocimiento y la compensación de los vencimientos correspondientes a 2015 de cuatro sociedades públicas --Expo Zaragoza Empresarial y las tres plataformas logísticas de Zaragoza, Huesca y Teruel-- que el Gobierno de Aragón pagó el año pasado a través de los créditos blandos otorgados por el Gobierno central, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante el llamado Fondo de Facilidad Financiera (FFF), uno de los compartimentos de financiación autonómica del Estado.

En total la Expo recibió en 2015 pagos del Gobierno de Aragón a través del ICO por valor de 3,07 millones de euros, si bien esta deuda que se reconoce en el convenio aprobado hoy queda totalmente compensada con las rentas de alquileres la Ciudad de la Justicia que no se abonaron a la sociedad pública durante seis meses.

En cambio, los otros tres convenios con las plataformas logísticas sí que establecen un calendario de pagos al Gobierno de Aragón incluso con devengo de intereses. Mediante el FFF se abonaron el año pasado 17,5 millones de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), 4,6 millones de la Plataforma Logística de Huesca (Plhus) y 635.000 euros de la Plataforma Logística de Teruel (Platea).

La operación autorizada este martes forma parte del proceso de saneamiento del sector público de la Comunidad que el actual Gobierno inició el año pasado con la refinanciación de hasta 238 millones de estas cuatro sociedades de la CEPA. Tendrá continuación con el reconocimiento y los ajustes correspondientes de deudas de otras empresas y también entidades públicas cubiertas con el Fondo de Pago a Proveedores de 2012 o con avales y sus correspondientes primas de garantía.