En una comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Empleo de las Cortes, la directora general ha apuntado que en este tipo de contratos
y que "no se cumple la legislación al cien por cien", pero también que estos hechos
Al mismo tiempo, indican fuentes parlamentarias, ha defendido la colaboración con la inspección de trabajo a instancias de los sindicatos.
En enero y febrero de este año se formalizaron 1.989 y 2.096 contratos de trabajo, respectivamente, con 151 y 154 de ellos indefinidos.
Además, ha facilitado datos de las sanciones impuestas,
con 106.000 euros en Seguridad Social, unos 14.000 en relaciones laborales y 30.000 en empleo y extranjería.
Desde el grupo peticionario de esta comparecencia, el diputado de Podemos
Nacho Escartín ha hecho hincapié en los
casos de infravivienda de estos trabajadores temporeros, gente a los que, ha denunciado,
se trata "como los parias de la tierra".
Además, ha pedido a la directora general que se dé información a los empresarios para que
"sientan el aliento del Gobierno de Aragón en el cogote".
La diputada popular
Dolores Serrat ha reconocido por su parte que se trata de
un tema "complejo", en tanto en cuanto algunas cuestiones "exceden de las competencias de la Dirección General de Economía".
Aun así, ha indicado que es u
n sector "especialmente débil y vulnerable" por la "facilidad con la que se pueden incumplir las normas laborales" y que por ello es fundamental "hacer cumplir la legislación e incentivar el
compromiso de los agricultores".
Para
Leticia Soria (PSOE), "es fundamental tener en cuenta que Aragón es tierra de acogida" durante las campañas frutícolas, y, "aunque ha mejorado la situación de precariedad, hay problemas que no se han resuelto".
Y por eso ha insistido en la
importancia de la labor de la inspección de trabajo y que todas las administraciones actúen de manera coordinada, especialmente con los municipios.
Por el
PAR, Jesús Guerrero ha alabado iniciativas como la puesta en marcha por
UAGA en Tamarite de la Litera, donde se ha instalado una oficina donde se buscan alojamientos para los temporeros, y se trabaja con los empresarios "para que haya un equilibrio en la relación con los temporeros".
Desde
Ciudadanos, Javier Martínez ha recordado que es "una situación que no ha cambiado desde hace década" y es
un problema "estructural" y ha instado a buscar soluciones "de otra manera", más allá de "la vigilancia y el control".
A su juicio, es necesario centrar los esfuerzos en
"mejorar el modelo productivo del campo aragonés", fomentar el apoyo a la forma de gestionar las fincas y profesionalizar las tareas agrícolas.
Por último, la diputada del Grupo Mixto
Patricia Luquin (IU) ha puesto en valor la labor que realizan los sindicatos y se ha preguntado "cuánto tiempo se va a permitir que se haga, conociendo la realidad que hay".