Los pactos han precedido durante días el comienzo del juicio por el caso de La Muela y ayer volvieron a ser los protagonistas de la primera sesión, reservada a las cuestiones previas. Solo seis de los acusados han sellado su acuerdo de forma oficial tras reconocer sus delitos y abonar la responsabilidad civil que les corresponde. Sin embargo, hay otros acuerdos ya prácticamente cerrados y que afectan a los principales acusados. Se trata de la exalcaldesa María Victoria Pinilla, el dueño de la empresa Aranade, Julián de Miguel, o el intermediario inmobiliario Carmelo Aured, entre otros. Ninguno de ellos ha admitido aún de forma expresa su culpabilidad, pero la estrategia exhibida ayer por sus respectivos abogados –que no presentaron ni una sola cuestión previa– revela que así lo harán a partir del día 12 de enero, cuando empiecen los interrogatorios de los acusados.

Hasta entonces tienen de tiempo para conseguir el dinero con el que pagar el perjuicio causado, porque, al fin y al cabo, es lo que realmente buscan los afectados por delitos económicos, en este caso Hacienda y el Consistorio. A tenor de lo sucedido hasta ahora, las conversaciones tanto con la Fiscalía como con la Abogacía del Estado –en representación esta última de la Agencia Tributaria– han ido por buen camino. Pero no ha debido pasar lo mismo con el Ayuntamiento de La Muela. Con este tendrán que encontrar la misma entente que con las otras dos acusaciones pues, de otra manera, el pacto entrañaría muchos riesgo, ya que los acusados podrían conformarse con una pena y recibir otra mayor.

De momento, solo se ha escenificado el acuerdo con seis de los cuarenta acusados. De hecho, antes de las diez de la mañana de ayer, cuando daba comienzo la vista, se habían entregado ya varios cheques en entidades bancarias cuyo beneficiado es el Ayuntamiento de La Muela, que recupera de esta forma parte del dinero que le fue expoliado en la época de bonanza económica y corrupción urbanística.Medio millón ya pagado

Así lo hicieron José Carlos y Domingo Fernández Delgado, administradores de la sociedad madrileña Brocover, y su padre José Fernández Martínez. Los tres han pagado ya 332.495 euros por los gastos ocasionados al Consistorio muelano y abonarán la minuta de la acusación particular. También lo ha hecho el exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela, que ha pagado 33.697 euros como responsabilidad civil por el delito de malversación de caudales. Solidariamente con él ha pagado el acusado Luis Mariano Montori, que facturó al Ayuntamiento 10.556 euros por unos trabajos en la escollera de la Balsa de la Jupe que tuvieron un coste inferior y que Rodrigo Vela certificó.

Una de las sorpresas fue el anuncio por parte de la letrada Cristina Ruiz Galbe, en nombre de su representado Juan Antonio Embarba, exmarido de Pinilla, de que este había depositado el día anterior en el banco 150.000 euros en adelanto de su responsabilidad civil. En total y de momento, cerca de medio millón de euros que paliarán en breve las maltrechas arcas municipales.

Por eso, la fiscal María Victoria Esponera, en cuanto le tocó el turno de palabra, no tardó ni un segundo en explicar a la sala que el ministerio público "no negocia" pero "tiene las puertas abiertas" a todos los acusados y, si confiesan, admiten su culpa y reparan el daño económico causado, se pueden aplicar las atenuantes legales que correspondan a las penas que exige para ellos. Insistió en que en este caso no existe una "conformidad" al uso y la prueba es que el juicio se está celebrando.

Esponera salió así al paso de las manifestaciones hechas por Santiago Palazón, abogado de oficio del exconcejal Fernando Barba, quien, tras señalar que los acuerdos son una parte más del procedimiento, rogó a la Fiscalía que organice los encuentros de manera que todos tengan la "oportunidad" de participar. En esta línea, abogó por la "igualdad de armas" entre todas las partes y afirmó que las conformidades "clandestinas" pueden perjudicar a los acusados que no estén en esa tesitura.

La abogada del Estado también respondió con rotundidad y dijo que no había "clandestinidad" sino "pulcritud", sobre todo desde el momento en que los abogados que han querido reunirse y reconocer los hechos a cambio de penas más benévolas lo han hecho.

Enrique Trebolle, en nombre de Julián de Miguel, que se enfrenta a 26 años de cárcel, recordó que lo que "no está en los autos no está en el mundo" y que el juicio empieza "de verdad" el 12 de enero. Además, cuestionó la intervención de Palazón, preguntándole si lo que pretendía era "dinamitar" los acuerdos. La letrada Sara Arriero, que defiende a Carmelo Aured, destacó que "con independencia" de los acuerdos, el juicio se celebrará y las atenuantes existirán "si se repara el daño". El abogado de Pinilla, José Antonio Visús, intervino para dejar clara su "lealtad procesal" hacia sus compañeros y recordó que el pasado viernes se reunió con ellos para explicar su estrategia, aunque sin entrar en detalles.