El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González comunicará este miércoles a los miembros de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Méndez su procesamiento por participar en el secuestro del empresario soriano Publio Cordón, cometido en junio de 1995.

El magistrado tomará declaración indagatoria de Teijelo y Gómez, a quienes considera responsables de un delito de detención ilegal y ha impuesto una fianza de tres millones de euros por las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de la causa. Ambos fueron detenidos en julio de 2012 junto a Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa, a quienes el juez ha descartado procesar por el momento.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 3 cree que no existen indicios suficientes para acusarles de homicidio por comisión por omisión, ni tampoco de un delito de estafa. El auto de procesamiento, dictado el pasado septiembre, relata que Publio Cordón fue secuestrado por miembros de los Grapo el 27 de junio de 1995 en Zaragoza. Desde allí, fue trasladado primero a Vitoria y después a la localidad francesa de Lyon, donde Teijelo había alquilado una vivienda en el número 5 de la Rue de la Batterie, en el barrio de Bron, en la que la banda habilitó un pequeño espacio abuhardillado para mantener retenido al empresario.

El magistrado señala que Ramón Teijelo, Victoria Gómez y Fernando Silva Sande -ya condenado a 28 años de prisión por estos hechos y con la condición de testigo protegido- fueron los responsables de custodiar a Publio Cordón, quien, transcurridas dos semanas de cautiverio, sufrió lesiones que le causaron la muerte en circunstancias desconocidas, sin haber sido trasladado a un centro sanitario. Tras recibir instrucciones de los jefes de la organización, los tres secuestradores trasladaron el cadáver y lo enterraron en una zona del Mont Ventoux, en el departamento de Vaucluse en la región de la Provenza, "sin que hasta la fecha y pese a los esfuerzos realizados, haya podido ser localizado el cadáver".

Posteriormente, la familia del empresario abonó en París un rescate por valor de 400 millones de pesetas en la creencia de que la víctima seguía viva. En este sentido, el juez justificó su rechazo a acusarles de un delito de estafa, al no haber datos "suficientes" que impliquen a Teijelo y Gómez en ese cobro.Los señores Monforte, una pareja de profesores españoles

El magistrado se apoya en la versión aportada por el testigo protegido denominado 'Alfa' -Silva Sande-, cuya versión sobre la muerte de Cordón resulta "verosímil", aunque no se hayan podido conocer la causa y las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento. "La casa parece ser que la cogió Victoria Gómez con Teijelo, figuraban creo como un matrimonio", declaró en el juzgado.

Su testimonio, que permitió localizar en junio de 2012 la vivienda en la que permaneció retenido Cordón, fue corroborado por la propietaria del domicilio, que declaró que, entre 1993 y 1996, alquiló la casa a una pareja de profesores españoles que respondían a la identidad de "señores Monforte" y que tuvieron que abandonar "precipitadamente" la casa "debido a la enfermedad sobrevenida de la mujer".

La dueña de la vivienda señaló en una fotografía a Teijelo, comentando que "tenía la misma fisionomía, aunque era más joven" y aportó un contrato de seguro para el alquiler de la vivienda a nombre de José Monforte. A Teijelo se le intervino un documento de identidad a nombre de José Luis Monforte cuando fue detenido en una primera ocasión en octubre de 2005 en Pantin (Francia).

El testigo 'Alfa' declaró que Cordón "había muerto accidentalmente, se cayó por un tejadillo en un intento de huida, así como que falleció una semana o dos antes del pago de rescate, lo que precipitó la salida del domicilio del comando situando con ello el fallecimiento a finales de julio de 1995, coincidiendo en el tiempo con la fecha anticipada de rescisión del contrato de seguro".

La Audiencia Nacional condenó en noviembre de 1998 a Enrique Cuadra, Concepción González y José Ortín por la desaparición de Publio Cordón. En diciembre de 2007, condenó al 'grapo' arrepentido Silva Sande y absolvió a Isabel Llaquet y a Manuel Perez Fernández, alias 'camarada Arenas'.