A la espera de poder cerrar un pacto plurianual que garantice el correcto funcionamiento del campus, la consejera de Universidad, Pilar Alegría, se comprometió ayer, en la primera reunión de la comisión bilateral desde el 1 de julio de 2014, a hacer "un esfuerzo en la medida de lo posible" para incrementar en los Presupuestos de 2016 las partidas destinadas a la institución académica. "La prioridad es clara y trataremos de trasladarla a las cuentas, siendo conscientes de las apreturas económicas que existen", añadió, si bien no cuantificó ese aumento.

Tampoco el rector, Manuel López, quiso concretar cuánto habría que incrementar la transferencia básica (congelada desde 2009 en unos 142 millones) para atender las necesidades del campus. No obstante, señaló que ambas partes coincidieron ayer en que la cantidad presupuestada para 2016 se fije "como suelo del nuevo acuerdo".

En dicho convenio –paralelamente se trabajará en otras subcomisiones en los planes de infraestructuras e investigación– también se podría incluir la deuda contraída por la DGA. De momento, Alegría confirmó que "en los próximos días" se cerrará el calendario para empezar a transferir los 11,5 millones de euros que el Ejecutivo de Lambán pretende desbloquear para ponerse al día en los pagos correspondientes a este año. El rector tiene claro cuál será el destino del dinero que reciba: "Urgencias tenemos muchas, pero lo más urgente es el pago a proveedores".

De esos 11,5 millones, 3,5 vienen impuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, como medida cautelar en el contencioso planteado contra el anterior Ejecutivo PP-PAR. "Si el Gobierno negocia, todo es negociable, incluido el recurso", dijo López, dejando abierta la posibilidad de retirarlo si avanzan los contactos.