Cuatro años después de iniciar un proceso de regularización que no ha sido posible, la residencia privada Los Tres Ángeles de Utebo tendrá que echar el cierre próximamente, al no cumplir con la normativa urbanística municipal. El Ayuntamiento decretó su clausura y los tribunales han avalado la medida adoptada, que asume el centro. Este caso contrasta con los de otros centros que siguen funcionando pese a no disponer de todos los permisos necesarios, como el de Santa Fe, donde un incendio acabó el sábado con la vida de ocho ancianos. El trágico suceso ha obligado a la DGA y al Ayuntamiento de Zaragoza a abrir sendas investigaciones para clarificar la situación administrativa de esta y otras instalaciones de atención a mayores.

El edificio de Utebo en el que se ubica la residencia que deberá cerrar, en la avenida de Zaragoza, funcionó en el pasado como pensión. En marzo de 2011 la empresa presentó en el Consistorio un proyecto de reforma del inmueble para adaptarlo a la normativa que regula el funcionamiento de las residencias de ancianos, un servicio que lleva prestando más de una década.

Pero los técnicos municipales emitieron informes desfavorables al cambio, por lo que se acabó decretando el cierre."Intentamos ver el margen que deja la ley, pero era imposible", señala el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau, que recuerda que en julio de 2013 ya pusieron la situación en conocimiento del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), dependiente en ese momento del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de la DGA.

Poco después, la residencia interpuso un recurso de reposición contra la decisión del Ayuntamiento, pero este lo rechazó y la empresa planteó un contencioso-administrativo. El Ayuntamiento volvió a dirigirse a los responsables autonómicos de servicios sociales para que se personaran en la causa, dado que las competencias en esta materia corresponden a la DGA, que finalmente no compareció, según explica Dalmau.

Durante el proceso judicial una comisión formada por la juez, un forense y el secretario llegó a desplazarse hasta Utebo para conocer de primera mano la situación de las instalaciones y de sus usuarios. Actualmente atienden allí a casi 40 residentes, todos ellos válidos.

El Consistorio volvió a dirigirse al Ejecutivo autonómico el pasado mes de febrero para informarle del inicio del expediente de ejecución subsidiaria del cierre, y en el último mes ha enviado otras dos comunicaciones al IASS con el fin de solicitar "asistencia para reubicar" a los mayores afectados por la clausura.

Lo hizo después de que en mayo el Ayuntamiento recibiera un escrito de la juez en el que comunicaba que los propietarios habían desistido del recurso ante las dificultades para regularizar las instalaciones. Asimismo, se ordenaba el cese de la actividad y se daba"un plazo no superior a seis meses" para proceder al realojo de los usuarios. La empresa había pedido a la juez poder seguir prestando servicio hasta que terminara el proceso judicial –no llegó a haber juicio al desistir–, pero la solicitud fue desestimada.

La propiedad optó por buscar un nuevo emplazamiento para el negocio, y lo ha encontrado en un antiguo colegio de Zaragoza que se está rehabilitando y que esperan tener listo"en octubre o noviembre", según explica Pedro Roche, portavoz de la residencia."Se han pedido las licencias y las obras van a buen ritmo", apunta.

Mientras, ya han puesto en marcha el plan de cierre en Utebo. Por un lado, se ha notificado el traslado a la inspección de centros de la DGA y, por otra parte, se ha informado a los usuarios y sus familias. La idea es que todos los que lo deseen se muden a Zaragoza.

"Hay una situación precaria por la falta de licencia urbanística que hay que resolver", añade el alcalde, al tiempo que destaca que la imposibilidad de lograr el cambio de actividad es el único obstáculo para que el centro siga funcionando."No hay ningún problema en la limpieza ni en el trato a la residentes, que reciben toda la atención necesaria", insiste Dalmau.

Ya en 2010, el Ayuntamiento, a raíz de una denuncia, obligó a cerrar dos pisos en los que se detectó una actividad residencial.