El socialista Javier Lambán, que será elegido hoy nuevo presidente de Aragón con los votos de su partido, Podemos, CHA e IU, propuso ayer en las Cortes en su discurso de investidura cuatro grandes pactos: educación, empleo, economía y cambios en la arquitectura institucional (competencias y reubicación de la comarcalización). En una intervención densa, de una hora y doce minutos, desgranó a grandes rasgos un programa de gobierno basado en reformas fiscales y de la función pública, mejora de la recaudación por la vía de los tributos, recuperar el nivel de los servicios públicos –sanidad, enseñanza y dependencia–, subir las prestaciones de emergencia social, reforzar el papel de la Universidad de Zaragoza en el ámbito de la innovación y la investigación, potenciar el turismo y la logística (Plaza, Plhus y Platea) y aumentar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, entre otros puntos.

Asimismo, Lambán abogó por "atacar la corrupción con decisión y sin paliativos, y hacerlo en relación con las manifestaciones más visibles de la misma, las que tienen lugar en el ámbito político y empresarial, con toda clase de medidas preventivas y punitivas". En este sentido, el socialista instó a ampliar las medidas para la transparencia y reformar el reglamento de las Cortes.

Hizo otras apuestas en línea con el proyecto del PSOE a nivel federal: reforma de la Constitución, modificación del sistema de financiación autonómica, flexibilizar el cumplimiento del déficit y la participación de Aragón en la gestión de la Agencia Tributaria que afecta al territorio.

Con escasa concreción presupuestaria, salvo la referencia a dedicar el 5% del PIB aragonés para el sistema educativo, Javier Lambán centró su discurso en el ámbito ideológico y en la defensa del Estado del bienestar. Toda una declaración de intenciones muy condicionada por el resultado final de las negociaciones con Podemos, CHA e IU para asegurar la investidura. Eso se notó mucho en el contenido. De hecho estableció como objetivo la "estabilidad social", apelando a la responsabilidad de los firmantes del acuerdo de investidura para hacer posible la "estabilidad política", uno de los problemas que el futuro presidente tendrá que resolver en estos primeros meses de la legislatura.

Javier Lambán, que fue de menos a más pese a que el ambiente en la Cámara era un tanto distante por parte de todos los grupos, lo que contrastaba con el giro político de ciento ochenta grados que va a tener lugar en el conjunto de Aragón, anunció como prioridades: recuperar la sanidad pública, reducir las listas de espera, actualizar la aplicación de la ley de la dependencia, ampliar las becas de comedor y paralizar de manera inmediata la aplicación de la Lomce en todo aquello que sea competencia de la Comunidad Autónoma. Medidas y decisiones que ya había anunciado a lo largo de sus conversaciones con el resto de las formaciones de izquierda.

Desde el principio de su intervención, el líder socialista dejó claro que "la reconstrucción de los servicios públicos dependerá en gran medida de la evolución de los ingresos y es, por tanto, a trabajar en este aspecto a lo que nos dedicaremos desde el primer momento".

Lambán mostró su preocupación por la situación financiera de la Comunidad, la gestión presupuestaria del gobierno saliente y el estado de las arcas públicas. Incluso anticipó la posibilidad de que la falta de liquidez y los problemas en las cuentas autonómicas impidan tomar las medidas de emergencia que ha pactado con Podemos, CHA e IU.

Una posible solución, según señaló, está en buscar más ingresos por la vía de los tributos. Apuntó por la opción de los llamados impuestos ambientales, que constan en el programa socialista y que Podemos ha planteado para las hidroeléctricas. Lambán aseguró que aprobará esas medidas antes de finales de este año.

En su discurso, el dirigente socialista hizo un guiño especial a la ciudad de Zaragoza, prometiendo relanzar la ley de capitalidad, y a los alcaldes y los concejales de toda la Comunidad. Es más, apostó por el municipalismo y la autonomía local como la base para el pacto que permita rediseñar la arquitectura institucional de Aragón. Es decir, más ayuntamientos y mancomunidades de servicios y menos consejos comarcales.