La 'maraña legal' que atrapa a las empresas aragonesas

Un informe de la CEOE critica que las administraciones publiquen cada año miles de páginas en sus boletines oficiales.

Una imagen de archivo del BOA.
Una imagen de archivo del BOA.
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“El entramado legislativo español es de una densidad y complejidad muy altas, derivando en originar distorsiones en el mercado y crear un elevado nivel de cargas administrativas para las empresas”. Sin paños calientes ni tapujos, así arranca un informe de la Confederación Estatal de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el que se critica que la proliferación de normas y disposiciones legales dificulta la actividad de las empresas.


En el informe, titulado 'Legislar menos, legislar mejor', Aragón destaca por ser la Comunidad con más crecimiento anual de contenido en el boletín oficial autonómico. En 2014, se publicaron 41.360 páginas en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), un 19,1% más que un año antes, cuando el ejercicio se cerró con 34.713 páginas publicadas.


El volumen del BOA ha ido aumentado en los últimos años cada vez más: si en 2008 se publicaron 27.580 páginas de contenido, en 2009 ya fueron 30.767. Durante los años siguientes se movió entre las 27.000 y las 34.000 páginas, para superar por primera vez las 40.000 en el periodo 2008-2014.


Julio Tejedor, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza (UZ), explica que la doctrina ha llamado a este fenómeno “motorización legislativa” y que está íntimamente ligado a la España de las comunidades autónomas: lo que antes del año 1978 se regulaba por una sola ley y algunas disposiciones que la desarrollaban, hoy lo pueden regular una norma estatal y 17 autonómicas porque están facultas para ello. Quien no quiera 17 textos legales diferentes “tendrá que cambiar la Constitución”, reflexiona Tejedor.


Las diferentes administraciones se han empezado a dar cuenta de lo complicado que resulta procesar toda su actividad normativa, a juzgar por lo que explica el profesor de la UZ. “Se está mejorando en la regulación porque antes de legislar se analiza los textos que ya existen y se reflexiona sobre cómo optimizar recursos”, indica Tejedor. Aunque se ha avanzando algo en los últimos tiempos, es un proceso lento y progresivo, añade.

La 'receta' de la patronal

El informe de la CEOE insta a las administraciones a “mejorar la eficiencia y la estabilidad del marco legislativo” y recoge su propia receta para mejorar la producción normativa del Estado y las comunidades autónomas. Estas recomendaciones pasan por reducir “la complejidad del entramado legislativo para limitar la proliferación de normas”, promulgar “normas claras, simples y en un número reducido con el fin de evitar duplicidades” y establecer una programación “lo más cierta posible para la promulgación de nuevas leyes”.


También consideran necesario que las administraciones extremen su colaboración en aras de coordinarse y reducir la complejidad y que las normas europeas adquieran vigencia en España sin necesidad de nuevos requisitos o cargas adicionales.


“Si queremos convertirnos en polo de competitividad en la economía globalizada hemos de contar con una Administración y una legislación simplificada, moderna, estable y al servicio de las necesidades de las empresas y los ciudadanos”, reflexionan desde la CEOE.


El profesor Tejedor apunta que esta situación no es exclusiva de España, si no que también se da en otros países como Italia o Alemania. También advierte del peligro de contabilizar todo lo que aparece en los boletines como si se tratara de la misma materia (en esas publicaciones además de leyes hay otras disposiciones que no siempre son generadoras de obligaciones) y de la necesidad de crear marcos normativos.


Quizás el problema no sea tanto la cantidad de normas, como la forma en la que hay que promulgarlas.