El fiscal anticorrupción de Valencia, Vicente Torres, investiga una trama formada por empresas del sector de la aviación para extinción de incendios que se repartiría el territorio nacional para no hacerse competencia entre sí y mejorar así los precios de las adjudicaciones de contratos de la Administración. Aunque la investigación arrancó en la Comunidad Valenciana a raíz del caso de presunta corrupción que costó el cargo al delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, la red de empresas implicadas se extiende por varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón.

Una de las compañías que integrarían el "cártel" aeronáutico –como lo definía ‘El Mundo’ el pasado domingo– es Inaer, encargada de los helicópteros contra incendios en Aragón para el periodo 2012-2015, así como de las aeronaves medicalizadas del 112. El procedimiento para adjudicar la lucha aérea contra el fuego en la Comunidad aragonesa en el presente quinquenio concluyó con la contratación de Inaer para dos de los tres lotes del contrato al ser el "único licitador" por un importe total de 18.669.750 euros. El tercer lote, de 2.505.000 euros, se adjudicó a Hispánica de Aviación S. A., también como único postor.

Desde el Gobierno aragonés remitieron cualquier valoración sobre posibles prácticas contra la libre competencia a una revisión de los contratos. Señalaron, no obstante, que en 2012 se produjo en realidad una renovación del contrato con Inaer, que ya resultó concesionaria en 2008. Una fuente de la DGA reconoció que también en la contratación de los helicópteros del 112 la compañía fue seleccionada como única aspirante.

Una portavoz de Inaer se limitó a señalar que la empresa es conocedora de las informaciones sobre la investigación del fiscal anticorrupción de Valencia y añadió: "En caso de que seamos requeridos en un futuro, como siempre, Inaer colaborará plenamente con cualquier investigación oficial".

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia dispone de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que apunta a que siete empresas de aviación dedicadas a la lucha contra incendios y otros servicios de protección civil habrían llegado a un acuerdo por el que solo se presentaría una de ellas a los concursos convocados en cada comunidad autónoma. De este modo, a falta de competencia, los precios finales de la concesión se podían incrementar. La coordinación de la red se llevaría a cabo a través de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).

La información publicada por ‘El Mundo’ incluye el acta de una de las reuniones del grupo de empresas asociadas en la que aparecen reflejados correos electrónicos de los participantes, entre ellos representantes del Grupo Inaer. Entre las prácticas investigadas, figura la presentación de ofertas "cebo" más altas que las definitivas para despistar a la posible competencia. El rotativo alerta de sospechosas coincidencias entre los precios propuestos por el licitante y los ofertados por el licitador.

Además de contratos públicos en Aragón, están también bajo el punto de mira de la Udef contrataciones en la Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña. La investigación que destapó este asunto partió de la denuncia presentada por un exgerente de Avialsa, la empresa que, según el denunciante y de acuerdo con la práctica monopolística concertada en el sector, acaparaba los contratos en Cataluña y la Comunidad Valenciana. El propietario de Avialsa, Vicente Huerta, achacó la denuncia a una venganza personal de su extrabajador.