El diputado autonómico del PAR Manuel Blasco podría ser juzgado, al menos, por la presunta influencia que ejerció para que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobara en 2002 la permuta de los terrenos del colegio San Andrés de Miralbueno, propiedad de los hermanos Agustín Andrés, así como por la posterior venta a estos de unos campos que tenía en Borja. Operación que reportó al diputado y también exconcejal de Deportes 650.000 euros y que el magistrado sospecha que no fue real, sino la forma que hallaron los constructores de pagarle el favor.

Por lo que no se juzgará a Blasco, en principio, es por una segunda investigación por presunto cohecho por dos trabajos que la sociedad Arco de San Francisco (de la que este es administrador) hizo para Mondo Ibérica en los campos de fútbol de Ejea de los Caballeros y Orcoyen (Navarra). El Grupo de Blanqueo de Capitales detectó las dos facturas y llegó a la conclusión de que los encargos eran irreales, ya que la sociedad a la que se adjudicaron no tenía personal ni medios. No obstante, los agentes constataron después que las obras sí que se hicieron, ya que Arco de San Francisco las subcontrató.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón Javier Seoane, instructor de la causa , dictó el pasado miércoles un auto en el que mantiene que las diligencias practicadas hasta ahora hacen "verosímil" la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra Hacienda. Igual opina respecto a los hermanos Agustín Andrés, aunque en su caso el delito que les atribuye es solo cohecho.

Seoane no ha llegado a la misma conclusión en la investigación de Mondo, por la que también imputó al hijo del diputado. Por ello, a través de su último escrito, el magistrado dice que debe decretar el sobreseimiento de este asunto. Decisión que no comparte el fiscal, que ya ha recurrido esta parte del auto.

La discrepancia con el ministerio público impidió al magistrado poder celebrar la comparecencia que establece la Ley del Jurado para concretar las imputaciones. De hecho, ahora deberá resolverse el recurso de la Fiscalía y, si los hubiere, los que presenten las defensas, a cargo de Enrique Trebolle (Blasco) y Juan Monclús (hermanos Andrés Agustín).

A Blasco se le investiga desde 2012, cuando Hacienda presentó una denuncia contra él tras una inspección a la sociedad La Galana de Barbalanca, de la que Blasco es administrador. La investigación se inició en 2011 para aclarar una venta de terrenos en Borja a los hermanos Andrés Agustín, así como su posterior reflejo en el Impuesto de Sociedades de 2006. No obstante, el inspector de Hacienda pidió al tribunal que indagara si detrás de esta supuesta infracción había un presunto delito de tráfico de influencias y otro de cohecho en la operación urbanística que el Ayuntamiento de Zaragoza efectuó en 2002 y que benefició a los hermanos Andrés.

El Grupo de Blanqueo de Capitales llegó a la conclusión de que los 650.000 euros que los constructores abonaron a Blasco podían ser el pago por su mediación en la citada permuta y que el diputado intentó luego blanquear las ganancias con distintas compras efectuadas por La Galana. El diputado siempre ha negado estas acusaciones y alega que lo que existió con Hacienda fue una diferencia de criterio y no un ánimo de defraudar. Tanto Blasco como los hermanos Andrés Agustín aseguraron al juez que sobre los campos vendidos había grandes expectativas, ya que se acababa de retomar el proyecto de la variante de Borja y las fincas están muy bien situadas.

Pero nueve años después, los terrenos aún no está escriturados. En cuanto al solar de Miralbueno, a fecha de hoy no se ha construido ningún equipamiento para el barrio. Tampoco se levantaron las viviendas proyectadas en el terreno, pero estos sí que se vendieron a un tercero por 6 millones de euros.