Las instalaciones de videovigilancia se disparan en Aragón por los casos de robo

Los recientes atentados yihadistas perpetrados en Francia el pasado mes de enero abrieron de nuevo el debate de la seguridad dentro de las fronteras europeas. Los principales líderes de la UE emprendieron entonces una serie de reuniones con el fin de, entre otras medidas, crear un registro de datos de pasajeros en el continente (PNR por sus siglas en inglés).

Se trataría de una iniciativa de control que, según el Grupo de Autoridades europeas de protección de datos (GT29), y dada “la extensión y el carácter indiscriminado del tratamiento de datos” previsto, “puede debilitar seriamente los derechos a la protección de la vida privada y de los datos personales de todos los viajeros”.

Lo cierto es que las nuevas tecnologías han multiplicado desde hace unos años los métodos de control a los ciudadanos. Y no solo por parte de las administraciones públicas. Los propios ciudadanos buscan la mejor manera de hacer frente a la creciente delincuencia que ha traído consigo la crisis, pese a la mejoría del último año.

Solo en Aragón, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene registrados 5.314 circuitos de videovigilancia privados, a los que hay que sumar los 177 que existen en la actualidad de titularidad pública. Son prácticamente el doble que en 2012, cuando en total había 2.859 registros, lo que refleja el interés por este tipo de medidas de protección.

Además, hay que tener en cuenta que cada registro hace referencia a una instalación, que puede constar de una sola cámara, o de cien. Según los datos de la AEPD, en toda España hay 50.368 registros en comercios, la actividad que más cámaras utiliza, seguida de la hostelería con 25.061 y de las comunidades de vecinos con 16.283. En todos los casos se ha duplicado la cifra en los últimos tres años.

Legalidad en su uso

No obstante, la instalación de estos sistemas de seguridad tan de moda deben cumplir una serie de requisitos, para evitar, precisamente, la vulneración de derechos de los ciudadanos. Desde la AEPD explican que “las cámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos”. Tan solo “podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible o sea imposible evitarlo por su ubicación” (como por ejemplo en las entidades bancarias).

Otro aspecto muy importante es que “debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos”. Por ejemplo, sería desproporcionado instalar una videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar el 'zoom' para obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan por la vía pública. “Su uso sólo es admisible cuando no exista un medio menos invasivo”, indican.

A su vez, si el sistema graba y conserva las imágenes debe notificarse previamente a la agencia. También hay que informar mediante carteles de la existencia de videocámaras, adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida o acceso no autorizado, y eliminarlas en el plazo máximo de un mes desde su captación.