El Ayuntamiento de Sabiñánigo quiere que la fábrica de Inquinosa sea un búnker y para ello está dispuesto a levantar un muro de dos metros en torno a los edificios. Actualmente, el lugar no ofrece garantías de seguridad y es un peligro para la salud pública. Pese a tratarse de suelo contaminado, el vallado perimetral es deficiente y hasta carece de puerta trasera, que no se ha repuesto después de ser robada.

La administración local ya ha enviado un requerimiento a las empresas propietarias de los terrenos (Inquinosa, dueña de dos parcelas, y la inmobiliaria Urmarast, titular del resto). En primer lugar les exige que procedan a descontaminar la fábrica. El alcalde, Jesús Lasierra, es consciente de que si Inquinosa no ha invertido un euro en 30 años para remediar los efectos de los residuos de lindano, difícilmente va a empezar ahora. Por eso, reclama que como mínimo proteja el recinto. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento ejecutará las obras de forma subsidiaria, cargando el coste a los propietarios.

Los servicios técnicos municipales han redactado ya una memoria valorada, con un coste de 115.000 euros. El muro, además de garantizar la seguridad exterior, servirá para aislarla cuando empiecen los trabajos en el interior."Evidentemente, Inquinosa no va a descontaminar la fábrica, tenemos que ser realistas, y si no la valla, lo hará el Ayuntamiento subsidiariamente. Es suelo contaminado y debe estar vallado y protegido", declaró el alcalde, quien recordó la existencia de un proceso administrativo con unos plazos para poder intervenir en una propiedad ajena.

El Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón se comprometieron en diciembre a acabar con uno de los principales focos de contaminación de lindano. La intención era firmar un protocolo de colaboración entre las dos instituciones para afrontar el derribo de los edificios construidos a principios de los años setenta.

El alcalde de Sabiñánigo condiciona la ejecución de las obras de su competencia a la redacción de un proyecto integral de descontaminación por parte del Gobierno de Aragón."Cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros actuaríamos en la seguridad del entorno, si no lo hacen las empresas, pero que la DGA se comprometa a hacer su parte, con unos plazos y unas fechas concretas".

La consejería de Medio Ambiente está pendiente de los informes jurídicos que ha encargado, pues será necesario obtener un mandato judicial al tratarse de una propiedad privada.

Recientemente, el Justicia de Aragón hizo una sugerencia al Ayuntamiento para intervenir en el solar, a través de una negociación con el Gobierno de la Comunidad autónoma y con la Administración General del Estado, y en su caso con la ayuda de las instituciones europeas. Según indicó el Ayuntamiento en la respuesta a la oficina que dirige Fernando García Vicente, supone"un peligro para la salud pública" porque se trata de terrenos contaminados"con un deficiente estado del cerramiento del solar". Y añadía que en los últimos años ha solicitado a los propietarios de los edificios y terrenos el cierre y vallado de las instalaciones"sin haber recibido contestación alguna". También especificó que, dado que el problema requiere un tratamiento especializado al ser residuos"altamente contaminantes", se solicitó la colaboración tanto del consejero de Interior como del de Medio Ambiente.

La factoría es oficialmente suelo contaminado desde 2012 por sus concentraciones de residuos de lindano y otros organoclorados en niveles superiores a los admisibles. Debería ser la propiedad la que corriera con los gastos de la descontaminación, pero en todo el tiempo que duró la tramitación del expediente, no atendió las notificaciones que se le enviaron. Ante su pasividad tuvo que ser la dirección general de Calidad Ambiental la que acometiera unas actuaciones de urgencia en la fábrica y corriera con los gastos, que ascendieron a casi 300.000 euros.

Entre los años 2010 y 2012, con autorización judicial, se hicieron catas, se tomaron muestras de agua, suelo e incluso hormigón, se recogió documentación de las oficinas y se reacondicionaron los residuos en bidones más seguros, que además fueron trasladados a zonas de la fábrica donde no corrieran peligro de alteración por las condiciones meteorológicas o por la entrada de personas ajenas. Los más peligrosos, 41 bidones de 200 litros, se trasladaron a incinerar a Francia.