Los gases de efecto invernadero (GEI) son los principales responsables del cambio climático que ya está sufriendo el planeta. El más importante de todos es el dióxido de carbono (CO2). Por eso, aunque a nivel internacional se controla la producción de hasta seis compuestos de este tipo, las emisiones totales de cada territorio se expresan en una única magnitud que pondera el potencial de calentamiento de todas esas sustancias: el CO2 equivalente.

En 2002, la Unión Europea ratificó el protocolo de Kioto obligando a todos sus miembros a estabilizar la generación de GEI para el periodo 2008-2012. Ese compromiso se repartió entre los distintos los estados, y a España le correspondió un incremento máximo del 15% respecto a la situación de 1990.

Sin embargo, las emisiones siguieron creciendo, de forma que en 2007 España generó un 50% más de CO2 equivalente que en el año de referencia. En Aragón, ese porcentaje fue bastante mejor, pero con un 40% la Comunidad también estuvo muy por encima del límite fijado.

Pensando que era imposible recuperar el desfase acumulado, al año siguiente el Gobierno central aprobó un plan nacional de emisiones que fijó como nuevo objetivo para el periodo 2008-2012 un incremento medio del 37% respecto a 1990. La previsión del Estado era que los 22 puntos de incumplimiento respecto al 15% del protocolo de Kioto se tendrían que compensar comprando derechos de emisión a otros países (20%) y plantando árboles que capturen CO2 (2%). Sin embargo, la crisis cambio el panorama.

La histórica recesión que sufre el país desde hace seis años no solo ha interrumpido la tendencia al alza de las emisiones, sino que ha provocado una importante caída en la generación de gases de efecto invernadero: en el quinquenio 2008-2012 España liberó a la atmósfera un 15% menos de GEI que en los cinco años previos –de 2013 aún no hay datos–, mientras que en Aragón el descenso fue del 14%.

Ese recorte ha provocado que durante el periodo 2008-2012 la cifra de aumento de las emisiones respecto al año 1990 se situara en el 23,7% en el caso de España y en el 18,2% en el de Aragón, lo que a su vez significa que el total del país se ha quedado a 8,7 puntos de cumplir el protocolo de Kioto y la Comunidad, a 3,2.

En porcentaje, Aragón liberó un 20% más de GEI de lo que debía, aunque ese incumplimiento fue muy inferior al de España. En el total del país las emisiones fueron un 55% superiores a las que habrían permitido alcanzar los objetivos de Kioto, lo que ha provocado que el Gobierno central haya tenido que gastar más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión.

Hay que recordar que, a finales de 2012, en la conferencia mundial sobre cambio climático de Doha, se logró un acuerdo de mínimos para prorrogar los objetivos del protocolo de Kioto hasta 2020. Para cumplir con esta segunda fase Aragón deberá reducir sus emisiones un 20%.