Doce policías locales declaran en el juzgado por un caso de acoso laboral

La denunciante presentó una querella contra un oficial del cuerpo –que ayer declaró como imputado– por supuestos actos de hostigamiento y humillación a los que, según asegura, fue sometida de forma reiterada desde el año 2006. Se plantea, asimismo, un posible delito por lesiones psíquicas, unos problemas médicos derivados, según consta en el informe de la denuncia, "de una constante presión laboral que le hizo la vida imposible". Como consecuencia, la agente precisó de tratamiento psicológico por parte del Instituto Aragonés de la Mujer y psiquiátrico en la unidad de salud mental del Salud. Ha estado, incluso, de baja por alteraciones depresivas y crisis de ansiedad.

El abogado de la agente, Julio Sánchez, ha solicitado al juez la imposición de medidas cautelares, consistentes en la prohibición al oficial denunciado de acercarse a su defendida a menos de 300 metros y de una redistribución de los turnos laborales del retén de la Policía con el fin de impedir la coincidencia de ambos. "Pretendemos con estas actuaciones no solo evitar posibles represalias, sino que continúe el maltrato", explicaba el letrado, quien aclaró que el acoso laboral vulnera el derecho a la integridad moral de su cliente.

Según puntualizó Julio Sánchez, su defendida optó por acudir al juzgado después de haber presentado dos escritos y numerosas quejas verbales sobre el comportamiento de su superior al intendente de la Policía Local y al concejal delegado de Tráfico del Ayuntamiento, a los cuales también se extiende la denuncia por omisión. Ambos podrían ser citados a declarar en próximas fechas. No rechazó la idea de implicar al alcalde de la ciudad, Manuel Blasco, del que dijo "era sobradamente conocedor de los hechos denunciados".

El abogado insistió en que la apertura de diligencias judiciales ha sido el último recurso que le quedaba a su defendida para resolver sus graves problemas laborales, y agregó que de haber recibido alguna respuesta por parte de sus superiores "no hubiese acudido al juzgado". "La Policía Local no tiene asuntos internos; es por tanto el Ayuntamiento el que tiene que resolver estas cuestiones", recalcó el letrado.

Según consta en la denuncia, los primeros actos hostiles hacia la agente surgieron a raíz de su solicitud para acogerse a la reducción de jornada laboral por conciliación familiar. Se afirma que por esta razón, la policía "encontró una profunda disconformidad por parte del querellado". Además de prestar servicios que no le correspondían y en situaciones de claro peligro, en el escrito de la denuncia consta que la agente ha venido sufriendo presunto maltrato de palabra, "gritos y humillaciones ante los compañeros de trabajo y en la vía pública". Para apoyar estos hechos, se han presentado grabaciones de conversaciones radiofónicas.

El concejal delegado de Tráfico del Ayuntamiento de Teruel, José Miguel Hernando, prefirió ayer no hacer declaraciones para evitar interferencias en el proceso judicial.