Empresas que trabajaron en Bailín aspiran a vigilar los vertidos.
Se han presentado al concurso la sociedad que trasladó los residuos y la que hizo el nuevo depósito.
Dos de las empresas que participaron en la construcción y el traslado de los residuos de lindano al nuevo vertedero de Bailín (Sabiñánigo) aspiran ahora a hacerse con el contrato anual para el seguimiento hidrogeológico del recinto, es decir, el control y la vigilancia de la fase densa del pesticida y de las aguas contaminadas. Los trabajos tienen un presupuesto base de licitación de 654.940 euros más IVA.
Una de las cuatro firmas que han concurrido es la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Adiego y FCC, la misma que entre mayo y octubre se encargó del polémico traslado de los restos de lindano y de tierras contaminadas del viejo depósito a la nueva celda de seguridad. Tanto el Gobierno de Aragón como la Confederación Hidrográfica del Ebro han reconocido que fue esta operación la que desencadenó el episodio de contaminación del Gállego que obligó a prohibir beber agua del grifo durante semanas e incluso meses en casi una decena de pueblos. No obstante, tanto la DGA como la empresa sostienen que en el trasiego se siguió el protocolo establecido.
También pretende hacerse con este contrato la UTE integrada por Sometec Aqua y Geocisa. Esta última empresa, asociada entonces con Urbaser y Marcor Ebro, fue la que construyó el nuevo vaso de Bailín. Debía ocuparse también del desmantelamiento del viejo vertedero, pero se rescindió el contrato ante las discrepancias por sobrecostes, que acabaron en los tribunales. Además, hubo que reparar la nueva celda antes de inaugurarla.
Emgrisa, en Sardas
El Gobierno de Aragón también está en proceso de adjudicación del seguimiento hidrogeológico del otro vertedero donde se acumulan toneladas de los residuos tóxicos abandonados por Inquinosa, el de Sardas. Y en este caso, una de las dos empresas que pretenden hacerse con el contrato (792.477 euros) también ha realizado en los últimos meses trabajos relacionados con Bailín. Se trata de la sociedad estatal Emgrisa, que se ha ocupado del control de los residuos de Sardas desde 2009 y a la que la DGA encargó en octubre, por 30.000 euros, una investigación externa para determinar las causas del grave episodio de contaminación que afecta al río Gállego. Concluyó que se debía a las escorrentías y a la obra.
