De momento, los responsables de Residuos Aragón ya están estudiando la necesidad de aplicar en apenas dos meses un expediente de regulación de empleo, que dejaría en la calle a 12 de sus 30 empleados en plantilla. Pero incluso se temen lo peor. "Si no hay cambios en el sistema, tendremos que modificar nuestro modelo de negocio o directamente cerrar", señala su propietario, Mariano Díez, que advierte de los problemas de bioseguridad que se plantearían en Aragón si se produce una crisis sanitaria y no hay industrias para la destrucción de estos residuos.

Esta empresa finaliza el próximo 27 de enero el contrato que tiene adjudicado por el Gobierno, perdiendo así un trabajo que le supone el 60% de su facturación. No podrá continuar ocupándose de la destrucción de subproductos Sandach –materiales ganaderos que no pueden entrar en la cadena alimentaria– porque las condiciones económicas planteadas en el último concurso de adjudicación celebrado el pasado octubre "son totalmente inasumibles, por bajas", destaca Díez. Y es que el modelo aragonés es un servicio público en el que la gestión y el transporte, que se lleva el 78% del presupuesto total, está realizado por Sarga, empresa pública adscrita a la consejería que dirige Modesto Lobón. El resto, un 22% se destina a la destrucción.

No sucede así en otras comunidades, como la catalana, con una carga ganadera similar a la aragonesa, donde el presupuesto para una y otra actividad se reparte casi al 50%. "Esto da mayor competitividad a las empresas vecinas", señala Díaz. Estas cuentan además con otra ventaja: pueden optar al concurso de este servicio en Aragón, una posibilidad vetada para las plantas aragonesas en Cataluña, donde las únicas firmas invitadas a las adjudicaciones son aquellas que tienen la sede en su propia comunidad. Eso explica que haya sido una empresa leridana la que ha ido arañando cuota de mercado en Aragón en el servicio de destrucción de cadáveres animales, mientras Residuos Aragón retrocedía y se veía abocada incluso a no presentarse a las adjudicaciones. Y explica que, a partir de 27 de enero, el 100% de los cadáveres animales de las granjas aragonesas viajarán hasta Cataluña para su destrucción y tratamiento en la planta de Grefagsa. "Esta empresa puede optar a este concurso a bajos precios porque el grueso de su negocio está en Cataluña".

Por eso, el responsable de Residuos Aragón insiste de la necesidad de un cambio de modelo que mantenga el carácter público del servicio, pero se ofrezca su gestión al sector privado. "Las empresas ganaríamos rentabilidad porque podríamos redistribuir el presupuesto entre gestión, transporte y destrucción", señala Díez, que asegura que los ganaderos también podrían acceder a precios más competitivos.

De hecho, actualmente en Aragón un ganadero tiene que pagar 22 céntimos de euro por kilo de animal retirado, cuando en Cataluña los productores desembolsan 0,17 céntimos/kilo. Sucede así, señala Mariano Díez, por el propio sistema de recogida, en el que la gestión y el transporte se lleva buena parte del presupuesto y por lo tanto las empresas de tratamiento no tienen margen de maniobra para reducir el coste del servicio.

Precisamente el sector ganadero, especialmente el porcino, lleva casi un año exigiendo cambios en el sistema actual de recogida de animales. Los recortes presupuestarios de las administraciones en los últimos años han encarecido enormemente el coste del seguro (obligatorio) que se exige al productor para acceder a este servicio y que hasta 2012 era subvencionado en más de 80% por las arcas del Gobierno español y aragonés. Así, los productores reivindican la liberalización del sistema porque consideran que la competencia les permitiría mayores ahorros.

Recogiendo el malestar del sector, incluso las Cortes aragonesas aprobaron en junio del pasado año una proposición no de ley –apoyada por PP, PAR y PSOE– en la que instaban al Gobierno autonómico a "modificar el modelo de gestión de recogida y tratamiento de cadáveres de origen animal, en el presente ejercicio económico".

El consejero de Agricultura, Modesto Lobón, ha mostrado su disposición a buscar soluciones. Llegó a asegurar que "se estudia una posible privatización", pero hasta el momento no ha concretado nada más, mientras el sector ganadero y la industria espera respuestas que eviten la pérdida de competitividad de las explotaciones y el cierre de las plantas.