Una decena de cabeceras comarcales no llegan al mínimo recomendado de policías locales

Illueca, con sus más de 3.200 habitantes, cuenta con un solo policía local. Una circunstancia que no es única en Aragón, donde algunos representantes del cuerpo siempre han denunciado que la mala organización a nivel autonómico de los distintos cuerpos ha propiciado varias situaciones inadecuadas.

En total, en Aragón, hasta doce cabeceras de comarca que cuentan con Policía Local -solo tienen 25 de las 33- tienen un número de agentes inferior al recomendado por los estamentos policiales, que fijan el mínimo en 1,5 por cada mil habitantes. Desde Teruel (que cuenta con un ratio de 1,3), pasando por Calamocha (3 policías por 4.500 personas) o La Almunia (un ratio de 1,1) hasta los municipios más pequeños, donde según denuncia el sindicato CSL este problema podría llegar a agravarse hasta el punto de dejarlos sin Policía.

El motivo radica, según explican desde el sindicato, en la “nefasta concepción” de la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, aprobada hace un año y que aún está pendiente de desarrollo en la mayoría de sus puntos más importantes, que deja sin espacio a los que hasta ahora eran denominados auxiliares de Policía Local. Esto es, los agentes que realizaban las labores de la Policía Local en aquellos municipios en los que por tamaño, o falta de recursos, sus Ayuntamientos no habían creado un Cuerpo de Policía como tal, compuesto por varios hombres. En total, de los 41 municipios que cuentan con Policía Local en Aragón -su creación solo es obligatoria para los de más de 10.000 habitantes- catorce de ellos funcionan con auxiliares.

La nueva norma requiere a los hasta ahora auxiliares tener el bachillerato para poder ser considerados policías locales, algo que ha llevado, según denuncia CSL, a varias situaciones “rocambolescas” en varios pueblos de la Comunidad donde los Ayuntamientos tampoco han recibido unas directrices claras sobre cómo actuar.

En Albarracín, por ejemplo, el único auxiliar de Policía Local que existe no cuenta con el bachillerato. Su situación se ha quedado en un limbo en el que además se da la circunstancia de que de ser apartado de sus funciones por no contar con el título podría ser sustituido por otra persona que tampoco tenga la titulación, ya que la ley ha dejado para los opositores un plazo de tres años en los que no se requerirá el bachillerato debido al cambio de los requisitos. En otro de los casos, el de un auxiliar de Ateca, la aplicación de la ley por parte del Ayuntamiento se ha llevado al Juzgado de lo contencioso-administrativo.

“Esto está siendo un problema tanto para los agentes como para los propios ayuntamientos, ya que son plantillas muy pequeñas en las que si los que eran auxiliares se quedan sin sus competencias deberán buscarle otra función que tampoco está muy clara”, señalan desde CSL, donde además creen que una posible solución para la falta de agentes en algunos municipios pequeños sería la creación de cuerpos mancomunados, una opción que también contempla la ley, aunque tampoco se ha explorado.Policías sin armas

La confusión entre la nueva Ley, la organización de los Ayuntamientos, y las funciones de los propios policías dentro de estos municipios ha abierto además un nuevo frente. Dotar de armas a los hasta ahora auxiliares era una decisión exclusiva de cada Ayuntamiento, algo que ahora, al ser clasificados como policías, deberá ser obligatorio.

En pueblos como Pedrola o Pinseque, cada uno con cuatro auxiliares, sus agentes ya tenían armas desde hace años y ya se está trabajando desde hace meses en la creación de un cuerpo municipal -requisito también de la nueva ley, aunque solo se cuente con un agente- que en el caso de Pinseque, ya se ha conformado. Sin embargo, en otra decena de núcleos pequeños aún no se ha dotado de arma a los agentes a pesar de que cumplan con todos los requisitos y titulaciones para ser reclasificados, en algunos casos, según explican los agentes, por falta de presupuesto y, en otros, por simple desconocimiento.

Este martes la Comisión de Coordinación, compuesta por representantes de la Consejería de Política Territorial, representantes de municipios y distintos sindicatos, se reunió por primera vez en 22 meses para comenzar a atajar el desarrollo de la nueva Ley, la cual da cabida también a la creación de una academia de Policía conjunta, otra de las reclamas históricas del colectivo.