Hacienda regulariza el catastro de miles de inmuebles que no pagan el IBI que les corresponde

El Ministerio de Hacienda está regularizando los datos catastrales de miles de inmuebles aragoneses que no pagan el IBI que les corresponde porque sus propietarios directamente no los han inscrito o porque no han comunicado como debían las modificaciones que han llevado a cabo en ellos. Este procedimiento de lucha contra el fraude fiscal -que se lleva a cabo en todo el país- se lanzó en 2013 ya ha llegado a 352 municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel. Además, está previsto extenderlo al resto durante los dos próximos años.

El proceso es tan minucioso que en Fuentes de Ebro, un municipio de 4.600 habitantes, se han abierto unos 800 expedientes de regularización de construcciones tanto rústicas como urbanas. En María de Huerva (5.300 vecinos), la Gerencia Regional del Catastro ha detectado más de 350 edificaciones con los datos desactualizados. Y en Pinseque (3.600) el alcalde confirma que han sido más de 500. Por su parte, la regidora de Pina de Ebro (2.600) calcula que prácticamente la mitad de las viviendas del casco urbano van a tener que poner al día sus datos catastrales.

Son solo algunos ejemplos, pero permiten hacerse una idea del alcance de un procedimiento que en las tres capitales aragonesas y en los grandes municipios de la Comunidad generará decenas de miles de expedientes de regularización para incorporar ampliaciones, cerramientos, garajes, trasteros, piscinas... El objetivo final es que los datos del catastro reflejen la situación real de todos los inmuebles rústicos y urbanos para que sus propietarios -que están obligados a comunicar cualquier alteración en los mismos- paguen el IBI que les corresponde.

El proceso de regularización 2013-2016 lo realiza la Dirección General del Catastro a través de la empresa estatal Segipsa -a la que ha encargado esta ingente tarea mediante una encomienda de gestión-. A su vez, la sociedad pública ha contratado a firmas privadas para que lleven a cabo el trabajo de campo, que incluye desde el uso de imágenes aéreas hasta la visita a los municipios afectados.

«Vino una chica y revisó todo el pueblo calle por calle y casa por casa registrando el más mínimo cambio en una fachada», explica la alcaldesa de Pina, María Teresa Martínez. «Han hecho un trabajo muy minucioso y además nos han pedido datos de licencias de obras y de proyectos a los ayuntamientos... lo tienen muy bien cogido», destaca por su parte la regidora de Fuentes, María Pilar Palacín. En este último municipio, como en Pinseque y en otras localidades, los propietarios ya recibieron las cartas con las que el Ministerio les comunicó el expediente de regularización. No obstante, en la gran mayoría de las poblaciones Hacienda aún no ha dado ese paso.

Una vez recibido el escrito, los interesados disponen de 15 días para presentar alegaciones. Si aun así la Gerencia Regional del Catastro mantiene que hay que cambiar los datos del inmueble en cuestión, ese acuerdo se puede recurrir ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional -o ante el Central, si el valor catastral del edificio supera los 1,8 millones-.

Consecuencias económicas

En caso de que la modificación catastral se convierta en firme, los propietarios deben pagar una tasa de 60 euros por cada edificación que haya que regularizar. Además, si se trata de un inmueble urbano, tienen que pagar al Ayuntamiento el IBI que no le ingresaron en los cuatro últimos años -anteriormente, la infracción se considera prescrita- con intereses de demora. No obstante, si se trata de un edificio rústico, están exentos de cualquier abono atrasado y se tienen que limitar a pagar lo que les corresponde a partir del año siguiente.

«Supongo que en la mayoría de los casos la regularización se debe a pequeñas modificaciones que apenas incrementan el valor catastral, pero lo importante es que también se va a legalizar la situación de las construcciones que ni siquiera aparecían en el catastro », resalta la alcaldesa de Fuentes. Hay que recordar que, además de en el IBI, los valores catastrales también influyen en otros impuestos como el de la renta -en el caso de las segunda viviendas- o el de plusvalías. Por eso los regidores consultados se muestran a favor de este procedimiento de regularización.

«Es de justicia»

«Otra cosa son las subidas en los tipos que se aplican a los valores catastrales, pero es de justicia que cada uno pague en función del valor real del inmueble que posee», defiende la alcaldesa de Pina. «Si no se hiciera así, sería un agravio comparativo», coincide la primera edil de María de Huerva, Mar Vaquero. «A mí me parece muy bien: los de siempre seguiremos pagando, pero también pagarán los que hasta ahora no lo hacían», opina la alcaldesa de Fuentes.

Algunos municipios, como Calatayud, Sariñena o Benabarre, tomaron ellos mismos la iniciativa de perseguir el fraude catastral contratando a una empresa. El Consistorio bilbilitano abrió más de 500 expedientes de regularización y el de Caspe incoó otros 180 antes de dejar que fuera la Gerencia Regional del Catastro la que continuara con la tarea -en esta última localidad la cifra final de infracciones será muy superior-. Otros ayuntamientos, como los de Teruel y Alcañiz, han decidido posponer el proceso hasta el año 2016.

(Con información de M. A. Moreno, S. Lacárcel e I. Gª. Macías)