PP y PAR quieren agrupar en las comarcas a los secretarios de pequeños municipios

El Gobierno de Aragón pretende introducir importantes cambios en la situación de los secretarios-interventores de más de la mitad de los municipios de Aragón, todos aquellos de menos de 250 habitantes, que suponen un total de 400 de los 731 de la Comunidad. La proposición de ley presentada el pasado mes de julio por el PP y el PAR sobre la distribución de responsabilidades entre las entidades locales presenta como principal novedad la posibilidad de que las comarcas actúen como administración "de apoyo" para los pequeños ayuntamientos. 

Con este planteamiento, los  municipios que así lo decidan podrán delegar en las comarcas su gestión administrativa –bien sea de forma total o parcial–, para lo que deberán firmar un convenio previo informe de la diputación correspondiente. Y ello incluye abrir la puerta a importantes modificaciones en la labor que actualmente desarrollan los secretarios. Según aclaran fuentes del Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, no se trata de obligar a los pueblos con menos de 250 empadronados a ‘prescindir’ de este servicio –que conlleva un importante desembolso para las arcas municipales–, sino de "permitir" que se acojan a esta opción.

Una vez que se apruebe la ley, que deberá empezar su tramitación en las Cortes tras el verano, cualquiera de los 400 municipios que no superan el límite de población fijado podrán solicitar este cambio, que, como insisten desde la DGA, "no supone eliminar secretarios, sino agruparlos para lograr un mejor funcionamiento".

Lo que se pretende es crear una especie de cuerpo de secretarios-interventores –ambos cargos son ejercidos por una misma persona en localidades de menos de 5.000 habitantes– centralizado en cada sede comarcal. Para justificarlo, el Ejecutivo autonómico, sustentado por los dos partidos que han presentado la proposición de ley, recuerda que actualmente, en muchos municipios con escasa población estos profesionales deben asumir una gran variedad de funciones no siempre relacionadas con sus labores propias de control de la legalidad y fiscalización de todos los actos y acuerdos de los órganos municipales, entre otras."No dan abasto"

"Ahora mismo, la especialización es imposible y muchos ayuntamientos se ven obligados no solo a pagar al secretario, sino a externalizar algunas cuestiones a gestorías porque no dan abasto", explican fuentes de la consejería que dirige Antonio Suárez.

Con la modificación prevista, se pretende que esos técnicos, "siempre a petición de los propios ayuntamientos", se reubiquen en las comarcas y puedan especializarse en las funciones que por ley tienen encomendadas. De esta forma, "podría haber un secretario encargado de las nóminas de los municipios, otro para contratación...", avanzan desde la DGA.

No obstante, todas estas previsiones dependerán fundamentalmente de cuántos ayuntamientos estén dispuestos a dar el paso de eliminar la plaza de secretario tal y como ahora está concebida. Ello supondría dar una vuelta de tuerca a la fórmula que se utiliza en muchos ayuntamientos y que consiste en constituir agrupaciones secretariales entre varias localidades próximas a las que atiende un mismo profesional, quien se desplaza durante la semana a los distintos pueblos.Seguirían pagando, pero menos

Lo que la proposición de ley sí establece es que los secretarios de los municipios que optaran por el nuevo sistema "pasarían a depender orgánicamente de la Comarca y funcionalmente del ayuntamiento". Esto quiere decir que los consistorios seguirían pagando sus nóminas, "aunque con un considerable ahorro", según el Gobierno de Aragón. En estos casos, la idea es que en los ayuntamientos quede un auxiliar, "que se encargaría de la atención al público en cuestiones de mero trámite, trasladando a los secretarios de las comarcas las cuestiones más importantes". 

Cabe recordar que durante una comparecencia ante la Comisión de Política Territorial e Interior de las Cortes celebrada el pasado mes de abril, la directora general de Administración Local, Paula Bardavío, ya apuntó esta alternativa para aquellos ayuntamientos que tienen importantes dificultades para lograr cubrir la plaza de secretario-interventor, si bien los partidos de la oposición se posicionaron en contra en aquel momento.

Un buen número de municipios, especialmente los de menos población –y, por tanto, menos recursos económicos– y más alejados de las ciudades se encuentran con verdaderos problemas para hacerse con los servicios de uno de estos profesionales, que además en ocasiones atienden a varios consistorios, por lo que deben multiplicarse para llevar al día los asuntos de cada uno. Más si cabe teniendo en cuenta que las administraciones de rango superior cada vez les exigen presentar más documentación por las crecientes medidas de control administrativo y financiero a las que están sometidas las entidades locales.