La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, que el Ejecutivo "no tiene nada que ocultar" en el caso Plaza y que el consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, no está imputado.

En respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Patricia Luquin, la presidenta ha reiterado que Bono era miembro del Consejo de Administración de la sociedad pública "en representación de un socio privado", Ibercaja, en 2008 y 2009, cuando la empresa pública autorizó la firma de dos contratos con la UTE Acciona-MLN que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza.

Bono no tenía responsabilidad alguna en la gestión de Plaza, ha insistido la presidenta, quien ha dejado claro que "la posible acusación -no realizada- es prevaricación administrativa y hubo dos informes jurídicos presentados por responsables de Plaza donde se indicaba que el procedimiento era el correcto".

La jefa del Ejecutivo se ha remitido al comunicado emitido el lunes de esta semana por Bono para indicar que este le pondrá su cargo a disposición en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decida imputarle.

También ha comentado que su Gobierno se ha personado como acusación particular desde el primer momento en todos los procedimientos judiciales de Plaza y ha espetado a Luquin que "lecciones de lucha contra la corrupción, ninguna". Ha exigido respeto a los principios de justicia y ecuanimidad.

"Coherencia"

La portavoz de IU ha dicho que en política son tan importantes los gestos como la coherencia, la estética y la responsabilidad, pidiendo a Rudi que sea "consecuente y responsable".

Tras afirmar que el caso Plaza "no es un tema menor", ha señalado que el viernes de la semana pasada el Juzgado número 12 imputó a todo el Consejo de Administración de Plaza de 2009.

"Ustedes utilizan una doble vara de medir", se ha quejado Luquin, en cuya opinión "las responsabilidades políticas se exigen directamente en el Parlamento" y es necesario que la presidenta actúe rápidamente.

También ha aseverado que la legitimidad y la credibilidad de las instituciones "están en juego", agregando que "ampararse en el aforamiento es una excusa de mal pagador". Asimismo, ha considerado que "sin control judicial no hay Estado de Derecho, pero sin controles políticos y asunción de responsabilidades tampoco hay Estado democrático".